Afectados por la Ocupación confían en que la mayoría del Congreso rechace mañana el nuevo 'escudo social'
La Plataforma de Afectados por la Ocupación confía en que el nuevo Real Decreto-ley del 'escudo social' sea rechazado mañana en el Congreso por la mayoría parlamentaria con los votos de PP, VOX, Junts y UPN.
En un comunicado, la plataforma ha trasladado su rechazo al nuevo Real Decreto-ley del 'escudo social' que se someterá mañana a votación en el Congreso de los Diputados y que incluye, entre otras cosas, la prórroga para este año de la moratoria antidesahucios para personas vulnerables.
Desde la plataforma han asegurado que, con esta prórroga, el Gobierno va a seguir "condenando" a quienes llevan años sufriendo la 'inquiocupación'.
"Nos encontramos ante una situación que ha sobrepasado cualquier límite de la lógica legislativa: este decreto vuelve a renovarse por séptimo año consecutivo, una cifra que despoja a la medida de toda excepcionalidad y temporalidad", ha comentado el portavoz de la Plataforma, Ricardo Bravo, en un comunicado.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha denunciado que en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-Ley el Gobierno incluye un texto que, en la práctica, supone la paralización de desahucios anterior al 27 de enero de 2026, fecha en la que decayó el anterior texto, lo que supone un "engaño" para el PNV y todos los afectados por la 'inquiocupación'.
Asimismo, ha asegurado que, a pesar de que el nuevo decreto excluye de la suspensión a los propietarios de 1 o 2 viviendas, sigue siendo un "ataque frontal" a la clase media al colocar a los propietarios de tan solo tres viviendas al mismo nivel que los grandes tenedores o fondos de inversión.
Según la plataforma, el decreto insiste en mantener un sistema de compensaciones que ha demostrado ser totalmente "ineficaz" e "injusto", mientras que el Gobierno sigue sin construir vivienda pública ni gestionar de oficio el pago directo de los alquileres suspendidos.
Por ello, ha exigido al Ejecutivo establecer un mecanismo "ágil" y con una partida presupuestaria "específica" para atender a todas las familias vulnerables que estén en un procedimiento de desahucio.

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