El PP confirma su apoyo al decreto de ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida y permitirá su convalidación

El Partido Popular (PP) ha adelantado su foto a favor en el Pleno del Congreso de este jueves, que determina la convalidación o derogación del real decreto-ley que contiene las ayudas a las víctimas de los accidentes de trenes de Adamuz y de Gelida, lo que permitirá que este salga adelante.

Con el 'sí' de los populares, finalmente se convalidará el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), municipios donde fallecieron 46 y una personas, respectivamente.

En el debate de la iniciativa, el encargado del Gobierno para defender el texto desde la tribuna del Congreso ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, que ha transmitido su apoyo, pesar y disposición a las familias de las víctimas.

Estos accidentes "han conmovido" al conjunto de la sociedad española y exigen que las instituciones "den la mejor respuesta posible ante el tremendo dolor vivido", ha declarado, antes de proceder a explicar las ayudas.

Además, ha mantenido que España cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas de Europa y ha defendido el real decreto-ley por motivos de extraordinaria y urgente necesidad y para dar una respuesta "rápida, eficaz y justa".

Por parte de los grupos de la oposición, se ha mostrado cariño y solidaridad con las víctimas y los familiares, se ha enfatizado la necesidad de rapidez en unas indemnizaciones que no compensan la pérdida de vidas, se ha reclamado responsabilidad y transparencia y se ha apuntado que era "evitable".

Carina Mejías (Vox) ha criticado que no haya habido "ni una sola dimisión" y ha criticado que "nadie insista en buscar culpables, que los hay": "¿No hay nadie que se haga responsable?". Asimismo, ha pedido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se vaya antes de que sea un tribunal quien lo siente en el banquillo".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista le ha respondido Rafaela Crespín: "No siempre podemos prever las crisis, pero sí tenemos la obligación de estar a la altura para acompañar a las víctimas, y este Gobierno lo ha hecho siempre en cada una de las crisis que se ha encontrado".

La representante ha prometido "investigación y verdad para mejorar", ha criticado los "bulos" y ha pedido "menos ruido y más humanidad", antes de comparar esta gestión del Gobierno con la de la dana por Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana. "Solo lo público salva al pueblo", ha concluido.

Desde Junts Per Catalunya, Isidre Gavín i Valls ha pedido hacer una "reflexión política", ha reclamado una investigación veraz y con solvencia, ha reprochado que el accidente de Gelida era "evitable" y ha criticado que el nombre del municipio catalán se castellanice: "Aquí debe de haber alguna mano negra" y esto "da una imagen bastante lamentable".

Finalmente, Bartolomé Madrid Olmo (PP) ha empezado enviando un "enorme abrazo al cielo para las personas que fallecieron en esos malditos accidentes" y ha adelantado el voto a favor del partido a un real decreto-ley "con el que el Gobierno esta vez utiliza correctamente un instrumento constitucional sin recursos torticeros".

Es un 'sí' a las ayudas y a la rapidez en la gestión de emergencias, "esperando que el Gobierno cumpla", pero "un sí independiente de la necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades", ha advertido.

AYUDAS POR FALLECIMIENTO Y LESIONES
El texto normativo recoge la concesión de ayudas por fallecimiento, de 72.121,46 euros por persona fallecida (sumado al mismo importe por los anticipos en concepto de responsabilidad civil, se recibirá por fallecimiento 144.000 euros, llegándose a los 216.000 euros con el cobro adicional del seguro obligatorio, que "no es incompatible", explica el ministro), así como de otras por lesiones corporales.

En estas últimas, el importe está desglosado en 14 categorías (establecidas en el baremo de indemnizaciones del anexo del Real Decreto 1575/1989, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro obligatorio de Viajeros), que recogen cuantías desde 2.404,04 euros hasta un máximo de 84.141,7 euros.

Las ayudas directas por fallecimiento o lesiones corporales están exentas de tributación de IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas).

Para recibir las ayudas del real decreto-ley, las solicitudes se deberán presentar en un plazo que dura hasta el 4 de mayo, aunque este puede ampliarse por causas justificadas.

"Las ayudas establecidas en este real decreto-ley se otorgarán, sin perjuicio del resto de indemnizaciones que correspondan a todos los pasajeros de los trenes siniestrados, tanto en materia de asistencia (comida, alojamiento y transporte, entre otros), pérdida o daños de los bultos de mano, animales y equipaje, como en caso de muerte y lesiones, y que se regirán por lo establecido en la normativa sectorial de aplicación", establece el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma considera víctima beneficiaria de estas ayudas a "toda persona que, como resultado de encontrarse involuntariamente involucrada de forma directa en los citados accidentes ferroviarios, resultasen heridas o fallecidas" (en este último caso, la víctima indirecta sería el familiar): viajero, maquinista, personal en formación o personal de a bordo (en cualquier categoría) de los trenes siniestrados.

El real decreto-ley, en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 27 de enero, estaba pendiente de ser sometido al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días, al igual que la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia, que también vota la Cámara este jueves.