CCOO denuncia la caída del 'escudo social' y avisa: se reactivarán hasta 70.000 desahucios

Denuncia el abandono "a su suerte" a miles de personas vulnerables y a millones de consumidores ante situaciones de emergencia de precios

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la caída del decreto ley de 'escudo social' tras el rechazo por 177 votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts y que permitirá, entre otras cosas, reactivar hasta 70.000 desahucios que habrían permanecido suspendidos entre abril de 2020 y diciembre de 2025.

Junto a la reactivación de los desahucios, han avisado desde el sindicato en un comunicado, se suman los aproximadamente 27.500 lanzamientos que se producen cada año.

Además, con la caída del 'escudo social' se pone fin al bono social eléctrico y de garantía de suministros básicos, se renuncia a control de precios, así como medidas clave de financiación local y fiscalidad verde.

Desde el sindicato han pedido al Gobierno y los partidos políticos su compromiso para buscar soluciones de forma inmediata para que ninguna familia sea expulsada de su hogar sin alternativa habitacional digna y para garantizar los suministros básicos de la vivienda.

JORNADA PARLAMENTARIA CON SABER "MÁS QUE AGRIDULCE"
CCOO ha calificado la jornada parlamentaria de este jueves de acabar con un sabor "más que agridulce", ya que se han despejado las dudas en materia de Seguridad Social, al convalidarse el decreto ley de revalorización de pensiones, y las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario, pero se abandona "a su suerte" a miles de personas vulnerables y a millones de consumidores en situación de mayor fragilidad ante situaciones de emergencia de precios.

Desde el sindicato han denunciado los argumentos esgrimidos en relación a la prórroga de la prohibición de desahucios para familias vulnerables para lo que se ha construido un relato de supuesto incremento exponencial de la ocupación de vivienda habitual.

Frente a ello, CCOO ha señalado que los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran una realidad distinta: los delitos por usurpación o allanamiento de morada han pasado de 17.500 en 2017 a 16.000 en 2024, de los cuales 1.600 corresponden a viviendas habituales.

Asimismo, las condenas se han reducido de 6.700 a 3.300 en ese mismo periodo. CCOO apunta que no se observa el incremento señalado, especialmente si se compara con el total del parque de viviendas en España -- 26,8 millones, de las cuales 19,3 millones son habituales --.

Según CCOO, los datos demuestran que las administraciones públicas no estaban cumpliendo adecuadamente con su obligación de realojar a familias en situación de vulnerabilidad: solo se estaba haciendo en el 5 % de los casos.

Tampoco se ha aplicado con eficacia el mecanismo de compensación a propietarios por rentas no percibidas: de 6.400 solicitudes presentadas (en su mayoría pequeños propietarios), solo 2.850 han sido reconocidas, con miles de expedientes aún en tramitación.

Sobre el bono eléctrico, CCOO ha apuntado que su no aprobación supondrá un "duro golpe" para los hogares más vulnerables que si podían acceder a él y han avisado de que se generarán tensiones contables "relevantes" sobre la tesorería de las administraciones locales y autonómicas, dificultando la garantía de servicios públicos fundamentales y el pago a proveedores, al no convalidarse las medidas sobre financiación local y autonómica.

Además, la caída del 'escudo social' frena también el impulso a la rehabilitación energética, a la movilidad sostenible y debilita los instrumentos fiscales que buscaban proteger a hogares, trabajadores y empresas en contextos de especial dificultad económica y climática.