Andalucía defiende que la Ley de Vivienda se hizo con el "máximo rigor" y confía en acordarla con el Gobierno
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda defiende que la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, "se ha hecho con el máximo rigor", y confía en que, "si hay alguna duda por parte del Gobierno de España" en relación a la misma, "se aclararán y resolverán en el seno de la comisión bilateral" que reúne a ambas administraciones para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación a dicha normativa.
Así lo han trasladado este lunes a Europa Press fuentes de la Consejería que dirige Rocío Díaz tras conocerse que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado "iniciar negociaciones" para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional por "discrepancias" existentes en torno a 16 artículos y una disposición de la citada ley andaluza, que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 2 de diciembre de 2025 con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo de los grupos de la oposición.
En concreto, las "discrepancias" que enfrentan a ambas administraciones giran en torno a los artículos 4, 13, 14, 24, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 66, 89, 90 y 96, así como a la disposición final tercera de dicha ley, según se recoge en un acuerdo --fechado el pasado 23 de marzo-- de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado este lunes, 13 de abril, tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
El acuerdo viene rubricado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.
Desde la Consejería de Fomento han replicado que la Ley de Vivienda de Andalucía "se ha hecho con el máximo rigor, en un proceso que ha tenido mucho diálogo y, a la par, ha sido supervisado de manera meticulosa" por sus "servicios jurídicos".
En esa línea, desde el departamento que dirige Rocío Díaz afirman estar "seguros" de que, "si hay alguna duda por parte del Gobierno de España", éstas "se aclararán y resolverán en el seno de la comisión bilateral".
Además, desde la Consejería de Fomento puntualizan que "la discrepancia presentada por el Ministerio de Política Territorial no entra en el fondo de la Ley de Vivienda de Andalucía, sino en cuestiones formales y técnicas".
"No es una cuestión que afecte al marco normativo que hemos estado diseñando de la mano del sector, los agentes sociales y económicos y los grupos parlamentarios", han zanjado así desde la Consejería de Vivienda.

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