Junts afirma su "firme" rechazo al decreto de alquileres de Sumar y propone deducciones en gastos de vivienda

La formación de Carles Puigdemont registra una proposición no de ley con sus recetas alternativas a las del Gobierno

Junts ha certificado este miércoles su "firme" rechazo al decreto ley con la prórroga de alquileres impulsado por Sumar y ha presentado en el Congreso una propuesta de rebajas fiscales con la que plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros anuales.

La formación ha registrado una proposición no de ley con esa propuesta, que considera un "plan de choque" en vivienda y básicamente una enmienda a la totalidad al decreto con la prórroga de alquileres impulsado por Sumar, que tiene que someterse a una votación definitiva en la Cámara Baja el próximo 28 de abril.

La idea de Junts es básicamente "devolver a los ciudadanos" lo que considera un "exceso de recaudación", pues considera que el Estado se está beneficiando de la inflación para aumentar la recaudación mientras trabajadores y autónomos pierden poder adquisitivo.

QUE EL ESTADO DEVUELVA EL DINERO A LOS CIUDADANOS
"El Estado debe devolver el dinero a los ciudadanos", aseguran fuentes del partido, defendiendo que las reducciones impositivas son la única vía eficaz en lugar de controles de precios que, según su tesis, sólo reducen la oferta de alquiler.

Junts, que presenta su texto "como la alternativa real a las políticas del Gobierno", también reclama en su iniciativa una reforma del Código Civil para permitir a los deudores hipotecarios cancelar su deuda por el mismo precio por el que el banco haya vendido a vendido a un tercero y garantizar que la vivienda de una persona mayor se considere su vivienda habitual aunque ingrese en una residencia, evitando así que Hacienda les penalice fiscalmente si deciden venderla.

Por último, aboga por incentivos fiscales a la rehabilitación de viviendas. El partido incide que con estas iniciativas busca impulsar una política de vivienda que no traspase la responsabilidad pública a los propietarios privados y reclama una gestión "equitativa y sostenible" que garantice el derecho a la vivienda sin "asfixiar fiscalmente a la ciudadanía ni desincentivar el mercado.