Pekín avisa de "contramedidas" si Bruselas discrimina a empresas chinas en su norma 'Made in Europe'

El Gobierno chino ha advertido a la Unión Europea de que adoptará "contramedidas" para salvaguardar los intereses de las empresas chinas si Bruselas ignora las preocupaciones de Pekín e insiste en impulsar la entrada en vigor de la Ley de Aceleración Industrial, que impone numerosas restricciones a la inversión extranjera y la contratación pública, lo que representa una "discriminación institucional".

En una comparecencia ante la prensa, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha señalado que el gigante asiático considera que el proyecto de ley de la UE impone numerosos requisitos restrictivos a la inversión extranjera en las cuatro industrias estratégicas emergentes de baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica y materias primas clave.

En este sentido, Pekín denuncia que la legislación impulsada desde Bruselas establece cláusulas exclusivas de "origen en la UE" en la contratación pública y las políticas de apoyo público, "lo que constituye graves barreras a la inversión y discriminación institucional".

En este sentido, el funcionario ha confirmado que el pasado 24 de abril, el Ministerio de Comercio de China presentó formalmente sus observaciones sobre la Ley de Aceleración Industrial de la UE ante la Comisión Europea, expresando así la posición oficial de China y sus serias preocupaciones al respecto de la norma.

En sus observaciones, Pekín advirtió de que, en su opinión, el proyecto de ley viola principios fundamentales como el trato de nación más favorecida, contraviniendo varios acuerdos comerciales, incluidos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (ADPIC), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ATC).

Asimismo, el Gobierno chino considera que los inversores del país se enfrentarán a la discriminación, lo que viola principios básicos de la economía de mercado como el comercio voluntario y la competencia leal, y contradice aún más el importante consenso alcanzado por los líderes chinos y de la UE sobre la gestión adecuada de las fricciones y diferencias, afectando gravemente las expectativas de inversión de las empresas chinas en Europa.

Por otro lado, el gigante asiático considera que la norma obstaculizará el proceso de transición ecológica de la UE, perjudicando la competencia leal en el mercado de la UE y generando nuevas perturbaciones en las normas comerciales multilaterales.

De este modo, en sus comentarios, China sugirió que la UE elimine de la legislación los requisitos discriminatorios contra los inversores extranjeros, los requisitos de contenido local, la transferencia obligatoria de propiedad intelectual y tecnología, así como las restricciones a la contratación pública.

"China seguirá de cerca el proceso legislativo pertinente y está dispuesta a dialogar y comunicarse con la UE sobre este asunto", ha señalado el portavoz del Ministerio de Comercio, añadiendo que Pekín confía en que la UE considere seriamente los comentarios de China y cumpla estrictamente con las normas de la OMC evitando medidas restrictivas discriminatorias.

No obstante, ha advertido de que, si la UE ignora las sugerencias de China e insiste en impulsar su entrada en vigor, perjudicando así los intereses de las empresas chinas, "China no tendrá más remedio que tomar contramedidas para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas".

El pasado 4 de marzo, la Comisión Europea presentó su nuevo reglamento para reforzar la industria del bloque e impulsar el 'Made in Europe', que introduce requisitos de producción europea en proyectos que reciban financiación pública, además de nuevas condiciones a grandes inversiones extranjeras y medidas para acelerar la autorización de proyectos, con el objetivo de elevar el peso de la manufactura en la economía comunitaria y reducir dependencias de terceros países.

La denominada Ley de Aceleración Industrial se enmarca en la estrategia de Bruselas para reforzar la competitividad frente a la creciente competencia global y la dependencia de proveedores externos, con medidas centradas en sectores considerados estratégicos como las industrias intensivas en energía --acero, aluminio o cemento--, la cadena de valor del automóvil y tecnologías clave para la transición energética como baterías, paneles solares o turbinas eólicas.

El reglamento establece nuevas condiciones para inversiones procedentes de terceros países en sectores considerados estratégicos para la industria europea. En particular, los proyectos superiores a 100 millones de euros procedentes de lugares que concentran más del 40% de la capacidad mundial de producción en estos ámbitos deberán cumplir determinados requisitos para poder implantarse en la UE.

Entre las condiciones previstas figuran compromisos vinculados a la creación de empleo en Europa, la transferencia de tecnología o el desarrollo de actividades de investigación e innovación en territorio comunitario. Asimismo, se prevé que estos proyectos contribuyan a integrarse en las cadenas de suministro industriales europeas y generen valor añadido dentro del mercado único.

La verificación de estos requisitos corresponderá en primer lugar a los Estados miembro, que serán los encargados de examinar las inversiones notificadas. No obstante, la Comisión podrá intervenir en determinados casos si considera necesario revisar la operación o verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el reglamento.