El Congreso debate mañana una iniciativa del PSOE para evitar adjudicaciones a dedo de viviendas protegidas

El Pleno del Congreso debatirá este martes una iniciativa del PSOE que pide reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en gobiernos municipales del PP como Alicante, Málaga, Alcira o Logroño.

Se trata de una proposición no de ley en la que los socialistas denuncian que los episodios ocurridos en dichos gobiernos municipales "erosionan la confianza ciudadana". Por ello, la propuesta insta a que la adjudicación de viviendas protegidas siga un procedimiento "claro y objetivo".

El PSOE quiere que en estos procesos se asegure la transparencia, con sujeción a criterios que garanticen la pública concurrencia y den prioridad a las personas o grupos de personas demandantes que se encuentren inscritos en registros públicos, teniendo en cuenta el orden establecido en dichos registros.

VIVIENDA PROTEGIDA PARA SIEMPRE Y NO PARA ESPECULAR
Además, se plantea que la vivienda protegida vaya destinada "exclusivamente" a residencia habitual y estar ocupada durante los periodos de tiempo establecidos como mínimos en la legislación y normativa de aplicación, o a alojamientos de carácter temporal admitidos por la regulación para situaciones de emergencia o estacionalidad, y siempre con autorización expresa de las administraciones competentes.

La propuesta también plantea blindar la vivienda protegida con carácter permanente para que las viviendas construidas o adquiridas con ayudas públicas, beneficios fiscales o en suelo público mantengan su régimen de protección, sin poder descalificarse mientras se mantenga la calificación del suelo.

Otras propuestas pasan por contar con registros públicos de demandantes; impulsar mecanismos de supervisión y control con nuevas herramientas de vigilancia institucional; inventariar el parque público y la vivienda protegida; detallar el suelo público disponible con potencial residencial; y auditar adjudicaciones y venta de suelo público realizadas en los últimos tres años para detectar y corregir posibles irregularidades.