El PE avala la reforma para coordinar la capacidad ferroviaria transfronteriza frente a retrasos y congestión

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma para mejorar la coordinación en la gestión de la capacidad ferroviaria transfronteriza mediante medidas que definan la planificación y asignación de la capacidad de la infraestructura ferroviaria en el marco de la UE y reduzcan retrasos y problemas de congestión en la red.

Los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) lograron un acuerdo político sobre la reforma el pasado abril, pero para formalizar la revisión y que pueda aplicarse necesita este visto bueno y la adopción por parte de los Veintisiete.

Las nuevas normas permitirán dividir en tres fases la planificación de la capacidad de la red ferroviaria, desde la programación anual hasta una planificación estratégica cada cinco años y un periodo de adaptación.

De este modo, los gestores de infraestructuras de cada país de la UE seguirán siendo la principal institución responsable de la planificación y gestión de la infraestructura y el tráfico ferroviario, así como de la asignación de los espacios disponibles.

La reforma prevé, asimismo, que la Red Europea de Gestores de Infraestructuras (ENIM) reciba mayores competencias para coordinar la capacidad y el tráfico transfronterizo en el marco de la UE para corregir los retrasos y congestión que hoy provocan la falta de coordinación en la gestión y mantenimiento de la red.

En concreto, la Red Europea supervisará y evaluará el desempeño de los gestores de infraestructuras ferroviarias para garantizar que sus objetivos de rendimiento sean coherentes con los de la UE, incluido el fomento del transporte ferroviario.

Además, con el objetivo de afianzar las nuevas reglas, los gestores de infraestructuras y operadores ferroviarios que incumplan sus compromisos en las vías asignadas y, con ello, tengan un impacto "significativo" en la red europea se enfrentarán a sanciones "efectivas, proporcionales, disuasorias y no discriminatorias" de entre 1 y 8 euros por kilómetro; aunque la multa podrá duplicarse en función del impacto del cambio.