Sumar, ERC, Bildu y Compromís reclaman la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica

Denuncian que las empresas privadas operan la red sin obligaciones de inversión ni mecanismos de gobernanza

Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y Compromís han registrado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso que pide al Gobierno impulsar una reforma de la legislación actual para establecer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica.

Los socios a la izquierda del PSOE esgrimen que la distribución eléctrica en España se desarrolla en régimen de autorización administrativa, no de concesión. Esto, apuntan los partidos, provoca que el operador privado titular de la red no está sujeto a un título habilitante con plazo definido, condiciones de reversión, obligaciones de inversión territorial ni mecanismos de gobernanza y control efectivo por parte de la administración.

Así, denuncian las formaciones, el operador privado opera sobre infraestructuras construidas en buena parte sobre dominio público y financiadas mediante tarifas reguladas sufragas por el conjunto de los consumidores, pero sin las obligaciones que en derecho administrativo corresponden a quien gestiona un bien o servicio de titularidad colectiva.

BRECHA ENTRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y LA DE TRANSPORTE
La propuesta también denuncia que la distribución eléctrica carece de un plan director de red con prioridades territoriales ni sectoriales vinculantes. A diferencia de la red de transporte, cuya planificación aprueba el Gobierno con carácter vinculante, la planificación de la red de distribución la elaboran las propias distribuidoras y la CNMC aprueba sus planes de inversión en cuanto a retribución regulada, no en cuanto a prioridades.

En este escenario, los partidos alertan de que las consecuencias de esta brecha "son cuantificables" y prueba de ello es que el 83% de los nudos de la red de distribución carecen de capacidad disponible para nuevas conexiones para la generación distribuida o la electrificación, y sólo el 10% de las solicitudes son aprobadas.

Esto, dice la iniciativa, provoca que proyectos de generación renovable, industrialización, fabricación de baterías, hidrógeno, electromovilidad e industria avanzada ven condicionada su implantación por la ausencia de capacidad en la red, con un impacto estimado de más de 60.000 millones de euros en inversiones que evalúan mercados europeos alternativos "con mayor certidumbre de acceso".

Por todo ello, los partidos proponentes han registrado una propuesta para su debate en el Pleno del Congreso que garantice la titularidad pública de la red de distribución, con el objetivo de que esta incluya tanto la red existente como los nuevos desarrollos de red y las ampliaciones de capacidad que se realizan a cargo de terceros.

QUE LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS ASUMAN LA TITULARIDAD
También se pide al Ejecutivo habilitar el marco jurídico para que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan asumir la titularidad de redes de distribución en su ámbito territorial, así como incluir la posibilidad de que las entidades locales puedan asumir igualmente dicha titularidad y de que las comunidades energéticas puedan gestionar redes de distribución en su ámbito de actuación.

Otros puntos de la propuesta pasan por pedir un marco de transición ordenada mediante un régimen concesional que garantice a los operadores actuales la continuidad de su actividad, la seguridad jurídica de sus inversiones, la retribución regulada de su actividad y el pleno reconocimiento de sus derechos patrimoniales.

A esto se suma una petición para aprobar planes directores vinculantes de inversión en la red de distribución, definidos por el conjunto de las administraciones públicas y atendiendo las prioridades territoriales y sectoriales de cada administración en su ámbito de actuación.

La idea es que esos planes tengan capacidad de actualización anual y garanticen el acceso a los datos técnicos económicos y operativos a todas las administraciones, necesarios para la elaboración y seguimiento de los planes y para el control de la prestación del servicio.