El Gobierno calcula que quitar las penalizaciones por prejubilación con 40 años cotizados cuesta 3.358 millones
El Ejecutivo estima que eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada para carreras de más de 40 años supone un gasto de 3.358 millones de euros anuales y frena la medida al considerarla inviable en el sistema actual
Un nuevo análisis del Gobierno reabre el debate sobre la jubilación anticipada de quienes han acumulado largas carreras de cotización. La cuestión vuelve al foco político y económico después de que el Ejecutivo concrete por primera vez el impacto presupuestario que tendría eliminar las penalizaciones actuales.
El informe responde a varias iniciativas parlamentarias y pone cifras a una reclamación que distintos grupos políticos llevan tiempo defendiendo en el Congreso.
El coste que pone el Gobierno sobre la mesa
El Ejecutivo calcula que suprimir los coeficientes reductores para las personas que se jubilan antes de la edad ordinaria con 40 o más años cotizados supondría un impacto de 3.358 millones de euros al año para el sistema de pensiones.
Este cálculo incluye dos bloques diferenciados. Por un lado, 1.345 millones de euros corresponderían a la jubilación anticipada voluntaria. Por otro, 2.013 millones de euros se vinculan a la jubilación anticipada involuntaria, es decir, aquella derivada de despidos colectivos, causas de fuerza mayor, violencia de género o incumplimientos graves por parte de la empresa.
El Gobierno utiliza estas cifras para argumentar que la eliminación de las penalizaciones no es una medida viable en el contexto actual del sistema de protección social.
Qué se está debatiendo exactamente
El origen del debate está en los llamados coeficientes reductores, un mecanismo que reduce la pensión inicial de quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria, incluso si han cotizado durante décadas.
Actualmente, estas penalizaciones se aplican también a personas con carreras de cotización superiores a los 40 años, lo que ha generado críticas de varios grupos parlamentarios que consideran que estas trayectorias largas deberían tener un trato más favorable.
Formaciones como Podemos han defendido la eliminación de estos coeficientes en determinados casos. En la misma línea, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno sobre la demora en cualquier reforma del sistema.
El perfil de quienes se verían beneficiados
El Ejecutivo detalla también el perfil económico de los actuales beneficiarios de la jubilación anticipada con largas carreras de cotización.
En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, las personas afectadas tienen de media más de 43 años cotizados, se jubilan alrededor de los 63 años y dos meses y reciben una pensión media de 2.002,58 euros mensuales. El coeficiente reductor medio en este grupo se sitúa en el 11,36%.
En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, las carreras de cotización son ligeramente inferiores, con una media de casi 43 años, y la edad de jubilación se sitúa en torno a los 61 años y diez meses. La pensión media asciende a 2.100,42 euros mensuales, con un coeficiente reductor medio del 18,9%.
Estos datos son utilizados por el Gobierno para contextualizar el impacto económico de cualquier cambio en el sistema.
Un sistema bajo revisión permanente
El Ejecutivo insiste en que cualquier modificación del sistema de pensiones debe analizarse con cautela dentro de los órganos de consenso existentes.
En este sentido, subraya que posibles reformas como la eliminación de los coeficientes reductores deben debatirse en la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, además de en la Mesa del Diálogo Social.
La posición del Gobierno es que cualquier ajuste estructural del sistema debe evaluarse con diálogo previo entre agentes sociales y fuerzas políticas, dado su impacto directo en la sostenibilidad de las pensiones.
Un debate abierto entre sostenibilidad y reconocimiento laboral
La discusión enfrenta dos enfoques. Por un lado, las demandas de quienes consideran que largas carreras de cotización deberían permitir una jubilación sin penalizaciones. Por otro, la posición del Ejecutivo, que prioriza el equilibrio financiero del sistema público de pensiones.
El informe económico vuelve a situar este debate en el centro de la agenda, al cuantificar por primera vez el coste total de una posible reforma de estas características.
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