Seopan plantea en el Congreso una reforma de la contratación pública para agilizar y garantizar inversiones

Avisa de que casi el 20% de contratos de concesiones en España no se adjudican por quedar desiertos, desistidos o renunciados

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha planteado este martes en el Congreso de los Diputados una reforma de la contratación pública para agilizar inversiones y reforzar la colaboración público-privada.

Seopan ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados dos propuestas de modernización del actual sistema de contratación pública con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilizar y garantizar la ejecución de las inversiones prioritarias en infraestructuras en España.

En concreto, los informes 'Propuesta de modificación de la normativa de contratación del sector público' y 'Propuesta normativa para el impulso de la inversión mediante modelos de colaboración público- privada', elaborados por Ernesto García-Trevijano Garnica y José María Gimeno Feliú, respectivamente, promueven reformas orientadas a renovar y adaptar el sistema de contratación pública a la realidad actual para hacerlo más eficiente, transparente e innovador, así como para agilizar los procedimientos de adjudicación y la ejecución de los contratos e impulsar la resolución ágil de disputas.

Los estudios identifican algunas de las principales debilidades del actual sistema de contratación pública, como la inexistencia de colaboración público-privada en sus distintas configuraciones; la falta de un sistema de reequilibrio de los contratos desde la aprobación de la normativa de desindexación o las dificultades para incorporar criterios estratégicos de innovación y calidad en los contratos públicos.

Para hacer frente a estas carencias, las propuestas plantean aplicar los encargos a medios propios únicamente a supuestos realmente excepcionales, limitar la prohibición de contratar a situaciones relacionadas con la preparación y ejecución del contrato conforme establece la directiva comunitaria y reformar el sistema de clasificación de contratistas para hacerlo más eficiente y adaptado a la realidad del mercado.

Asimismo, se proponen nuevos modelos de contratación colaborativa, con mecanismos de reequilibrio económico-financiero de los contratos en todas sus fases, se plantea agilizar los procedimientos de planificación y aprobación de proyectos y documentación contractual, actualizar los precios durante las fases de preparación y adjudicación de las licitaciones y recuperar la obligatoriedad de su revisión en los contratos públicos, suspendiendo la aplicación de la normativa de desindexación a los contratos del sector público, con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica y equilibrio económico en la contratación pública.

Según las conclusiones de la jornada, la contratación pública representa el 4,8% del PIB en España y el 14% en la Unión Europea, UE, según datos de la Comisión Europea, que añaden que una mejora del 1% en la eficiencia de los procedimientos permitiría ahorrar hasta 20.000 millones de euros anuales en la UE.

REDUCCIÓN DE DETERMINADOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS
Asimismo, la propuesta plantea la reducción de determinados plazos administrativos para impulsar las inversiones estratégicas. Durante el acto, Ernesto García-Trevijano Garnica, letrado del Consejo de Estado y socio de GTA Villamagna Abogados, ha expuesto las medidas orientadas a agilizar y flexibilizar la contratación pública, entre ellas, la implementación de mecanismos ágiles de resolución de disputas mediante arbitraje, la obligatoriedad de la revisión de precios, la mejora de los sistemas de pago y certificación y el refuerzo del equilibrio económico en los contratos de concesión.

Por su parte, el director del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú, ha defendido la propuesta normativa para impulsar la inversión mediante modelos de colaboración público-privada.

En esta iniciativa, se aboga por una regulación específica, en texto independiente a la Ley de Contratos, que en una única norma permita modernizar y flexibilizar las fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado, favoreciendo la movilización de inversión, la innovación y la sostenibilidad de las infraestructuras y los servicios públicos.

LA NORMA DE DESINDEXACIÓN PARALIZA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La asociación señala que la normativa de desindexación ha paralizado la colaboración público- privada y ha dificultado el equilibrio económico de los contratos públicos; se propone reformar su regulación para reactivar las concesiones, que suponen tan solo el 0,1% de la licitación pública nacional, y recuperar la revisión obligatoria de precios en todos los contratos. El 19,2% de los contratos de concesiones no se adjudican por quedar desiertos, desistidos o renunciados.

Durante la apertura, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de contratación pública "más eficiente, flexible y alineado con las nuevas exigencias europeas" y ha señalado que en España existe una regulación de la contratación pública que es urgente modernizar y adaptar para realizar.

Según ha explicado, durante la próxima década, las inversiones prioritarias que el país necesita representan 407.000 millones de euros, con 280.000 millones en creación de infraestructura y 127.000 millones en conservación y mantenimiento.

"Esta adaptación de la regulación debe, además, fundamentarse en procesos de colaboración público-privada, con la recuperación, entre otras medidas, del modelo concesional", ha concluido Núñez.