Tras los casos de abusos, urge una reforma en la protección a la infancia y la adolescencia

Las decisiones de las administraciones se suelen tomar cuando ocurren demasiadas cosas y no hay más remedio, por la presión social, los medios de comunicación publican lo sucedido y se producen escándalos. Eso de prevenir antes de “curar” no es algo que se suela hacer, para desgracia de quienes sufren las consecuencias, que en el caso que nos ocupa son menores y, para más inri, “tutelados” por las administraciones autonómicas.

Las cifras se pueden maquillar a la hora de facilitarlas, pero cuando estas se refieren a personas, menores, la cruda realidad quita rápidamente el maquillaje. Desde 2019 hasta lo que va de este 2025, al menos 1.113 niños/as tutelados por las administraciones autonómicas/regionales han denunciado casos de abusos sexuales, según datos oficiales de algunas comunidades. Otras no los publican. Estos datos corresponden a los jóvenes que se han atrevido a denunciar; hay quienes no lo han hecho por miedo o porque no confían en que sirva de algo. Según datos oficiales, los niños tutelados en España son más de 30.000.

Las cifras son la punta de l’iceberg que tienen los centros de acogida. Lugares que atienden a niños en situación de vulnerabilidad, con problemas graves en el seno de sus familias. Necesitan cuidados, ser protegidos y guiados para recuperar la autoestima y tener la capacidad de disfrutar de una infancia y juventud como la de cualquier joven de su edad. La administración es la responsable de que esto sea así, al igual que los profesionales que trabajan en esos centros. No es un trabajo fácil, pero tampoco es una oficina en la que si se produce un error, igual no pasa nada. En los centros, un error puede cambiar, para mal, la vida de cualquiera de los jóvenes que viven allí. Los profesionales no pueden mirar hacia otro lado si se están produciendo abusos de cualquier tipo, como se está comprobando. Es algo por lo que deberían ir a la cárcel sin ningún tipo de miramiento. La implicación en su trabajo también conlleva denunciar las situaciones anómalas y, sobre todo, los abusos de poder y sexuales que destrozan las vidas de unos jóvenes y niños que han llegado ahí para ser ayudados a salir de situaciones traumáticas.

Las administraciones correspondientes deben velar y vigilar para que las cosas se hagan bien. No basta con poner el servicio, dotarlo con dinero y dar por terminada la función. Un control sobre los centros se ha visto que es muy necesario. Los datos de las comunidades con más casos de denuncias sitúan en primer lugar a Catalunya, probablemente porque facilitan los datos sin poner pegas. Otras comunidades o no los dan, o sencillamente no llevan un control. Sería necesario, urgente, que lo hicieran, porque estamos hablando de abusos a menores, maltrato, perversión y de no cumplir con la “protección”.

Como el penúltimo caso de abusos a una menor se ha producido en Catalunya, el president de la Generalitat anunciaba hace tan solo unos días que llegaría hasta el final para conocer lo sucedido. Como primera medida ha dotado con más dinero el sistema. Dotar con más recursos económicos. La anterior estructura de la finiquitada DGAIA estaba obsoleta, con falta de recursos y de personal. Los casos han ido aumentando, pero no así los recursos de todo tipo.

La nueva DGPPIA nace con otro enfoque bien distinto, basado en tres pilares: nuevo modelo de gestión, apuesta por la prevención y refuerzo de los mecanismos. Una propuesta que se implementará rápidamente y que puede ser el modelo que otras comunidades autónomas podrían implantar. Da igual qué partido sea el que gobierne, lo necesario es intercambiar propuestas, colaborar y poner en común las experiencias para llevar a cabo una labor que hasta ahora se está viendo que no funciona. ¿Un plan nacional sobre la protección a la infancia? ¿Por qué no? Es obligación de las instituciones proteger, pero también de la sociedad, que no puede quedarse sentada como si no ocurriera nada. Que la propuesta del president Illa sea solo el principio de las muchas que han de ponerse sobre la mesa.