lunes, 26 de septiembre de 2022 01:48
Politica

Gobierno balear niega haber buscado beneficiar a una consejera con un decreto sobre auditores: "Es falso e insidioso"

El Gobierno balear ha asegurado, este miércoles, que es "falso e insidioso" plantear que su consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, "se ha beneficiado de ninguna modificación" en relación con las plazas de auditores de la Sindicatura y "mucho menos que lo haya promovido".
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La consellera de Hacienda y de Relaciones Exteriores del Govern, Rosario Sánchez Grau.

El Gobierno balear ha asegurado, este miércoles, que es "falso e insidioso" plantear que su consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, "se ha beneficiado de ninguna modificación" en relación con las plazas de auditores de la Sindicatura y "mucho menos que lo haya promovido".

En un comunicado, la Conselleria de Presidencia ha aclarado que en caso de haber realizado la integración del cuerpo de auditores de la Sindicatura, "tampoco suponía ningún beneficio" para la consellera Sánchez.

De este modo, el Ejecutivo balear ha respondido a las declaraciones realizadas este miércoles por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Núria Riera, en la que ha pedido la comparecencia de Sánchez por este asunto.

En detalle, el Govern ha aseverado que es "rotundamente falso" que el texto del decreto ley 6/2022 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, aprobado por el Consell de Gobierno el 13 de junio, incluyera "ningún punto" relativo a las plazas del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de Baleares.

"Se cometió un error con el texto que se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears, que en ningún caso era el aprobado por el Consell de Govern, y el texto publicado sí recogió equivocadamente esta referencia a la Sindicatura", ha aclarado.

Por ello, desde el Govern han explicado que, "como bien sabe Riera, fue un error que se corrigió de inmediato, llegando el decreto ley a su validación en el Parlament con la equivocación resuelta". "Si no hubiera sido un error material, el decreto ley no habría podido corregirse por esta vía y debería haberse hecho a través de la tramitación parlamentaria", han finalizado.

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