Maíllo (IU) defiende la intervención pública en política de vivienda frente "al modelo fracasado de concepto de negocio"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido este sábado "la intervención pública en la política de vivienda, igual que en la política de sanidad y en la de educación" y ha advertido de que "la política de vivienda dejada en manos privadas ha sido un fracaso".

Maíllo, junto al coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en la manifestación por el derecho a la vivienda en Málaga capital, ha insistido "en la defensa del derecho a la vivienda, frente al modelo fracasado de 40 años de concepto de negocio de vivienda que nos ha supuesto una espiral de precios que hace inalcanzable el acceso a uno de los derechos humanos básicos".

Por tanto, ha incidido en "la vivienda como un derecho humano, como un derecho y no como un negocio" y ha insistido en "la constatación de que la política de vivienda dejada en manos privadas ha sido un fracaso".

Desde IU, que también participan en las más de 40 manifestaciones repartidas por todo el país, "defendemos la intervención pública en la política de vivienda, igual que en la política de sanidad, igual que en la política de educación", ha continuado.

Al respecto, ha precisado que cuando hablan de intervención pública "significa que en manos del Estado debe haber una planificación, no solo en la construcción y rehabilitación de vivienda, también en medidas legislativas de tope de precios de alquiler para garantizar su asequibilidad, así como la parálisis de viviendas turísticas que suponen una detracción de viviendas en el parque de alquiler en las grandes ciudades y en las zonas tensionadas".

A juicio, "desde el orgullo de que ese carril de intervención en lo público es lo que solamente puede resolver el problema de la vivienda a medio plazo", ha incidido, a corto plazo, en "una modificación, si es necesaria, de la ley de la vivienda para sortear el boicoteo que el PP está haciendo a la aplicación de las leyes de la vivienda a petición de los ayuntamientos; o bien la promoción desde el Ministerio de Vivienda de acuerdos y convenios con los ayuntamientos que permitan a estos gestionar directamente los parques de vivienda de las localidades", ha explicado.

De igual modo, en relación con el medio plazo ha insistido en "la eliminación de que viviendas financiadas por dinero público pasen al mercado libre" porque "eso es lo que se llama una despatrimonialización de un Estado que dedica fondos para construir vivienda al servicio público que después se convierte en objeto de negocio y de mercado".

En este sentido, ha dicho que "creemos que nos situamos además en coordenadas de otros países europeos en los que precisamente el mantener el patrimonio de vivienda construida ha hecho que la oferta siempre se haya mantenido con un equilibrio".

Sobre esas propuestas, ha continuado, "nos plantearíamos una especie de avanzadilla que justifica la necesidad de que se debata y se presenten Presupuestos Generales del Estado".

VIVIENDA, "PRIORIDAD"
"En esos Presupuestos Generales del Estado, frente al modelo del PP y Vox que están pactando en las comunidades sus presupuestos, tenemos que decir que hay otro modelo político, otro modelo social que antepone y establece como prioridad la vivienda como el gran reto de esta legislatura en el Gobierno", ha apostillado.

Es más, ha dicho que "esa política de vivienda solamente se puede hacer desde una cultura de la paz que dedique el dinero que puede ser destinado a gasto armamentístico, como nos exige Europa, a cubrir un derecho básico humano como el de la vivienda".

MÁLAGA
Sobre Málaga, de la que ha dicho es "el epicentro de las grandes contradicciones de una política de vivienda que dejada en manos de las manos privadas ha reflejado un fracaso"; ha incidido en un "modelo necesario y alternativo".

Así, ha subrayado que "hace falta un mecanismo de urgencia, lejos de lo que plantea el PP, ya sea en la Junta de Andalucía o en el Ayuntamiento, que recupere Málaga para los ciudadanos que trabajan, para las familias que quieren tener una vida asentada en sus barrios, en sus territorios y que están siendo literalmente expulsadas".

"Confiamos en que esta movilización popular, amplia, diversa y plural sea el aldabonazo que consideramos necesario para que la negociación en las instituciones, sobre todo en vía presupuestaria, se traduzca por un cambio radical en las políticas de vivienda que permitan reequilibrar el actual desequilibrio que existe entre la rentas del trabajo mejorada y las rentas que van a la vivienda, que suponen la neutralización de las mejoras laborales porque a la mayoría de las familias trabajadoras se les va gran parte del sueldo que han mejorado en el pago de alquileres o de hipotecas", ha concluido.