La presidencia danesa rebaja a punto de discusión la oficialidad del catalán en la próxima reunión de ministros UE

Los ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea mantendrán el próximo 18 de julio un "intercambio de puntos de vista" sobre el reconocimiento del catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea, un asunto que España planteó como punto para adopción pero que la presidencia de turno --que este semestre asume Dinamarca-- prefiere plantear de salida como discusión sin decisión.

En la agenda acordada a nivel de embajadores, el asunto figura como "intercambio de puntos de vista", a diferencia de lo que ocurrió el pasado mayo, cuando figuró como punto "para adopción" a petición de España, que finalmente retiró la solicitud por la falta de apoyos a una oficialidad que necesita la unanimidad de los 27 para salir adelante.

Según han informado a Europa Press fuentes europeas, la decisión de que la oficialidad sea abordada esta vez como punto de información y no como punto para adopción ha sido de la presidencia, que ha tenido en cuenta las dudas expresadas la semana pasada por varias delegaciones, en una reunión de embajadores para fijar la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales.

En todo caso, recuerdan las fuentes, el reglamento prevé que España pueda solicitar por sí misma que se lleve a cabo el voto para una decisión del Consejo. Por ello, en la agenda se mantiene un "asterisco" junto al enunciado de la discusión, lo que en la práctica supone que es un punto "sobre el cual se puede solicitar una votación".

La cita de la próxima semana será la segunda vez este año en que el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas se trata a nivel de ministros en Bruselas, después de que España pidiera que se incluyera como punto para adopción en mayo, pero finalmente se viera forzada a retirar la petición de voto por la falta de apoyos en un tema que requiere unanimidad.

En los debates de preparación a nivel de embajadores y en la posterior discusión de ministros de mayo quedó patente que la petición está aún muy lejos de la unanimidad necesaria para salir adelante, porque varias delegaciones ven prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha discutido a 27 y porque persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.

Sobre la mesa de los ministros, España puso una propuesta a la que tuvo acceso Europa Press y que plantea la oficialidad del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE desde 2027, aunque con una implementación parcial, ya que a partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos de 3% de todos los actos jurídicos.

Además, para superar las reservas de los países con dudas sobre el coste de la reforma, el Gobierno añade una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los costes, a diferencia de lo que ocurre con las lenguas oficiales de la UE, aunque no pone por el momento una cifra de lo que supondría.

VUELVE A LA AGENDA EUROPEA
Ahora, el asunto vuelve a la agenda del que será el primer Consejo de Asuntos Generales (CAG) coordinado por Dinamarca, que este mes estrena presidencia europea de turno. "El ministro (José Manuel) Albares abordó las lenguas oficiales con su colega danés y el Secretario de Estado de la UE, (Fernando Sampedro,) con su homóloga. España cuenta con el apoyo y colaboración por parte danesa y ha pedido llevarlo al próximo CAG para decisión", informaron la semana pasada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Las fuentes consultadas por Europa Press indican que la presidencia albergaba "dudas" respecto a programar de nuevo un punto para adopción porque al menos seis delegaciones expresaron sus reservas al discutir entre embajadores la agenda de la reunión de la próxima semana. No obstante, conceden que es poco habitual que una presidencia de turno no atienda a una petición expresa de un Estado miembro.

Cuando España intentó por primera vez la oficialidad de las lenguas en el segundo semestre de 2023 --como parte de los acuerdos entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez--, la votación quedó también aplazada a expensas de avanzar el análisis en grupos de trabajo en el seno del Consejo, aunque este encargo no llegó a concretarse y Madrid optó por buscar acuerdos en bilateral directamente con las capitales.

A la falta de una evaluación detallada de su coste --existe una preliminar de Bruselas que cifra en 132 millones anual la medida, aunque basada únicamente en la experiencia del gaélico--, los servicios legales también suponen un escollo porque avisaron de sus dudas respecto a que tal modificación del reglamento de lenguas pudiera llevarse a cabo sin una reforma de los Tratados. Aunque la opinión del equipo legal del Consejo no es vinculante, varias delegaciones no ven con buenos ojos avanzar sin su respaldo.