El juez del 'caso Koldo' niega responsabilidad de la UCO en la filtración de fotos de mujeres vinculadas a Ábalos

Leopoldo Puente, encargado de la instrucción del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, ha dictaminado que no existen indicios que permitan vincular a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la difusión de fotografías de mujeres encontradas en dispositivos intervenidos en el domicilio de José Luis Ábalos.

En la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez constata que tras examinar la solicitud del exministro, "no hay indicio alguno de mínima consistencia" que apunte a la UCO como fuente de la supuesta filtración. Entre los argumentos expuestos, el juez resalta que "ninguno de los archivos referidos se han incluido en los informes presentados en esta causa ni tampoco se alude a ellos".

Linchamiento mediático y contexto de las filtraciones

El magistrado también se ha referido al "linchamiento mediático" denunciado por Ábalos, observando que este otorgó "plena verosimilitud a las noticias y documentos contenidos en la información que denuncia" al asumir que "la misma se contendría en las evidencias digitales que le fueron intervenidas en el registro domiciliario".

Puente subraya que, incluso si la información hubiera llegado a los medios, "el modo en que dichas informaciones hubieran podido llegar a conocimiento del medio de comunicación que las difunde [...] es desconocido para este instructor".

Además, el juez recuerda que varios de los investigados han concedido entrevistas a distintos medios de comunicación, "en el libérrimo ejercicio de sus facultades", y en algunos casos han reconocido que la publicación de determinados documentos se produjo "con su aquiescencia".

Copias de los dispositivos y custodia de información

El instructor del Supremo advierte que podrían existir copias de los discos duros intervenidos durante el registro domiciliario de Ábalos. En aquel momento, una mujer trató de salir del domicilio con un disco duro que resultó ser una copia del original. Según Puente, "se ignora así cuántas copias de los referidos documentos o archivos pudieran existir y en poder de quién pudieran encontrarse", lo que añade complejidad al control sobre la difusión de información.

Derechos y recursos legales del exministro

Ábalos mantiene la posibilidad de interponer recursos de reforma o apelación contra la providencia emitida por el juez. Asimismo, puede ejercitar "las acciones que considere oportunas frente al medio de comunicación que difundiera las referidas informaciones", garantizando la defensa de su derecho al honor y la protección de datos personales.

Solicitud de medidas para proteger la investigación

El exministro solicitó medidas específicas para impedir filtraciones, incluyendo la identificación de los agentes de la UCO encargados del análisis de los dispositivos. Ábalos pidió al juez que se "requiera al jefe responsable de la unidad investigadora al objeto de prevenirle" ante la supuesta divulgación de información sensible.

Asimismo, reclamó que se lleve a cabo un "expurgo en cuanto a la documentación, fotografías o cualquier otro documento que no tenga relación con la presente instrucción" para "evitar linchamientos mediáticos a los investigados". Estas medidas buscan proteger la integridad de la investigación y garantizar que la difusión de información personal no se convierta en un daño adicional para los afectados.

Contexto y relevancia del 'caso Koldo'

El ‘caso Koldo’ ha generado una atención mediática considerable, no solo por la intervención de dispositivos del exministro, sino también por las denuncias de posibles filtraciones de material sensible a la prensa. La providencia de Puente aclara que, hasta ahora, no se ha identificado ninguna responsabilidad de la UCO, lo que permite centrar la investigación en hechos verificables y no en especulaciones mediáticas.

El caso también pone de relieve los desafíos en la custodia de pruebas digitales y la gestión de información sensible en procedimientos judiciales de alto perfil. Además, subraya la tensión existente entre la protección de los derechos personales de los investigados y el derecho a la información de los medios de comunicación.