Díaz y Albanese creen que el plan de Trump "representa un alivio", pero "es una imposición que ignora a los palestinos"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, han convenido este jueves que el plan propuesto por el presidente norteamericano, Donald Trump, para Gaza, si bien "representa un alivio para el pueblo palestino y detiene la masacre, no es una solución de paz duradera", sino que "es una imposición que ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU".

Según lo que ha trasladado Sumar en un comunicado, las dos han coincidido en que la "única vía hacia una paz justa" pasa por un alto el fuego verificable; el fin de la ocupación y del apartheid israelí; y la creación de un Estado palestino plenamente soberano conforme al derecho internacional.

Además, ambas se han comprometido a colaborar en la Conferencia de Paz en Madrid propuesta por Díaz, una iniciativa a la que Albanese ha garantizado su colaboración para que esta se consolide y tenga éxito, ya que considera que es "muy necesaria en estos momentos".

La ministra y la relatora especial de la ONU han manifestado su intención de "trabajar activamente" para sacar adelante, entre otras medidas, el despliegue de una misión de paz en Palestina bajo mandato de la ONU coordinada con los palestinos encargada de hacer guardar el alto el fuego y vigilar el cumplimiento estricto del derecho internacional.

Además, han incidido en la necesidad de continuar la presión para lograr la ruptura del Acuerdo de Asociación UE-Israel hasta que se produzca el fin de la ocupación; de ampliar el embargo a bienes, servicios y tecnologías críticas; y de adoptar una ley que complemente la proposición de ley de Sumar relativa a la regulación de actividades económicas y comerciales con los asentamientos establecidos en los territorios militares ocupados.

Por último, ambas han pedido establecer cláusulas de exclusión en contratación pública e inversión para empresas implicadas en la ocupación, así como retirar inversiones públicas y ordenar desinversión progresiva en fondos y participaciones estatales en empresas señaladas por beneficiarse del genocidio.