Sumar propone en el Congreso exigir a Interior que deje de aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles

Enrique Santiago recuerda que el Gobierno de Zapatero ya limitó la aplicación del Código Penal Militar a misiones en el extranjero

El grupo parlamentar de Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que reclama que los miembros de la Guardia Civil dejen de estar sometidos al Código Penal Militar, al menos en tiempos de paz, para evitar "una aplicación abusiva" que en ocasiones conlleva sanciones por actuaciones fuera de servicio.

La iniciativa, impulsada por el portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, se debatirá en la Comisión de Interior e insta al Gobierno a impulsar los cambios legales oportunos para que los guardias civiles, al igual que los demás integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no sean juzgados conforme al Código Penal Militar con todos los efectos procesales o penitenciarios que ello supone".

En la exposición de motivos, Sumar recuerda que el vigente Código Penal Militar de 2015 es posterior a las leyes de régimen disciplinario y de derechos y deberes de los guardias civiles (ambas de 2007), y que "no tuvo en cuenta la experiencia derivada de la aplicación del régimen disciplinario propio del cuerpo", el cual ya garantiza la preservación de los bienes jurídicos derivados del carácter militar de la institución.

Santiago ha afirmado este viernes, tras reunirse con la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que es "inconcebible en una sociedad democrática y en un Estado de derecho" que los guardias civiles puedan ser procesados con base en esa norma. "La Guardia Civil no son militares. La función policial no puede estar sujeta a un código que prevé penas de prisión por cuestiones de disciplina o relación entre compañeros", ha afirmado.

Como ejemplo, el parlamentario ha recordado el caso de un agente condecorado por su labor durante la dana de Valencia, que será juzgado el próximo 4 de noviembre en Tenerife por un presunto incumplimiento del deber de residencia mientras se encontraba de baja médica. "Si no se aplicara el Código Penal Militar, esta situación se habría resuelto administrativamente y no con una posible pena de prisión", ha subrayado.

Enrique Santiago ha recordado que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya se modificó la legislación para limitar la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil --que fue recuperada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy-- únicamente en misiones en el extranjero o en caso de guerra, y defendió recuperar "aquella fórmula sensata" que garantizaba un marco plenamente civil para su labor policial, y que no provocó, a su juicio, ningún problema.

AUGC PIDE CONSENSO POLÍTICO PARA PROTEGER A LOS AGENTES
Por su parte, la portavoz de esta asociación, Olaya Salardón, ha agradecido a Sumar el registro de la iniciativa y ha calificado la situación actual como "una irregularidad que padecemos desde hace décadas". Ve también "inconcebible que en pleno siglo XXI un guardia civil pueda enfrentarse a seis meses de prisión por una situación que nada tiene que ver con el servicio", en referencia al citado caso de Tenerife.

Salardón ha expresado su deseo de que este caso "marque un antes y un después" para lograr un consenso político que reforme la Ley Orgánica del Código Penal Militar y garantice que los guardias civiles no estén sujetos a ella en circunstancias ajenas a su labor profesional, asegurando que esta PNL es "un paso más en esa dirección".