El PP tramitará en el Senado una ley para sancionar a los cargos públicos que "no respeten" la bandera de España

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para iniciar esta semana la tramitación de una proposición de ley de "defensa y protección" de los símbolos nacionales --como la bandera de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey--, que incluye un régimen sancionador para cargos públicos con prohibiciones de nombramiento de hasta cuatro años.

Esta propuesta del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido incluida en el Pleno del Senado de esta semana y su mayoría absoluta le permitirá sacarla adelante sin problemas. A partir de ahí, la proposición de ley pasará al Congreso, que decidirá si sigue adelante con la tramitación de la norma o finalmente la rechaza.

Los 'populares' se quejan de que no existe una referencia concreta a la defensa y protección de las banderas, escudos e himnos de España, sus comunidades y entidades locales, más allá de la regulación del delito de ultraje que está en el Código Penal.

Por ello, sostienen que esta proposición de ley "viene a llenar ese vacío normativo", regulando las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales de España. La norma consta de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, estructurándose en tres capítulos.

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A los efectos de la ley del PP, tienen consideración de símbolos oficiales: la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.

El PP insiste en que estos símbolos serán exhibidos en sus ámbitos territoriales a excepción únicamente de la colocación ocasional de otros símbolos como relación de cortesía con otros Estados o comunidades con ocasión de visitas oficiales.

Como es una norma administrativa y teniendo en cuenta su ámbito personal de aplicación, la protección de los símbolos se "circunscribe" al espacio físico y los edificios y locales de titularidad de cada administración pública.

Las obligaciones de defensa y protección serán exigibles a los altos cargos, con un régimen sancionador con diferentes grados.

Las infracciones graves serán sancionadas con la no percepción de la indemnización por cese en el cargo, mientras que a las muy graves se le añade que los cargos públicos o autoridades no pueden ser nombrados como tal durante un período de cuatro años.