Sumar exige explicaciones al Gobierno Vasco por las derivaciones de Osakidetza a la sanidad privada

Registra una batería de preguntas sobre la "cada vez más habitual" externalización

El grupo parlamentario Sumar ha registrado en el Parlamento Vasco una batería de preguntas y solicitudes de información dirigidas al Gobierno Vasco para conocer el alcance real de las derivaciones de pacientes desde Osakidetza a centros privados, "en especial al grupo Quirón Salud", tanto para pruebas diagnósticas como para intervenciones quirúrgicas.

Así lo ha trasladado en un comunicado, en el que su portavoz, Jon Hernández, ha criticado que "lo que debería ser una medida excepcional se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual", por lo que ha demandado que "el Gobierno Vasco dé explicaciones".

Desde Sumar han advertido que estas prácticas se están convirtiendo en un mecanismo estructural de externalización que contribuye a una "privatización paulatina de la sanidad pública vasca, sin un debate público previo ni la transparencia exigible en el uso de recursos públicos".

La iniciativa registrada solicita información detallada sobre el volumen y la evolución de las derivaciones realizadas en los últimos años, su impacto económico en el presupuesto de Osakidetza, los criterios clínicos y administrativos aplicados para enviar pacientes a la sanidad privada, los contratos y conciertos vigentes con proveedores privados, así como una comparación entre las listas de espera, los costes y los resultados del sistema público y del privado.

Asimismo, solicita al Gobierno Vasco que explique cómo se gestionan los datos de personas que, tras ser atendidas en Osakidetza, reciben llamadas directas desde clínicas privadas para asignar citas sin que exista una información "clara y previa". "Estamos hablando de datos de salud, que son especialmente sensibles y requieren garantías máximas", ha advertido Hernández.

En este sentido, la coalición reclama aclaraciones sobre qué datos sanitarios se transfieren a centros privados en los procesos de derivación, con qué base legal se realiza esa transferencia, si se informa adecuadamente a los pacientes y si existe consentimiento explícito, así como sobre las garantías de seguridad y confidencialidad que se aplican a estos datos especialmente sensibles.

"Estamos ante un doble problema: por un lado, el vaciamiento progresivo de capacidades del sistema público y, por otro, el riesgo de vulnerar derechos fundamentales de los pacientes, como la protección de sus datos de salud", ha subrayado el portavoz parlamentario de Sumar.