El PP apela al Tribunal de Cuentas para que no se abonen subvenciones a Bildu por incluir etarras en sus listas

La institución ya dijo que revisar las candidaturas es función de Interior, que recuerda que los candidatos renunciaron a la violencia

El PP ha vuelto a insistir este martes al Tribunal de Cuentas para que impida que se abonen a Bildu las subvenciones electorales de los comicios municipales de 2023 por haber incluido a etarras en sus listas, algo que la institución ya dijo que no es su tarea, sino del Ministerio del Interior, que es quien otorga las subvenciones y quien ya ha determinado que todos los candidatos de esa formación firmaron escritos renunciando a la violencia.

Esta controversia se suscitó hace casi un año en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el Pleno discutía la aprobación del informe, ya que cuatro de los consejeros, propuestos en su día por el PP, recordaron que en esos comicios Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran "rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".

DUDAS DE LOS CONSEJEROS PROPUESTOS POR PP
En un voto particular recogido por Europa Press, estos consejeros argumentaban que el Tribunal de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu hasta asegurarse de que sus candidatos condenados por terrorismo ratificaban su rechazo a la violencia.

Sin embargo, en el Pleno del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de que quien abona las subvenciones, que es la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.

Cuando Interior pidió cuentas por la presencia de condenados por pertenencia o colaboración con ETA en las listas de Bildu, desde la formación abertzale se remitió declaraciones individuales firmadas por todas las personas incluidas en la relación enviada por el Tribunal de Cuentas, fechadas con anterioridad a la proclamación de candidaturas, en las que se dejaban claro el rechazo a la violencia.

"Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos", recoge el texto firmado por los candidatos de Bildu.

1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
Así las cosas, Interior dio por cumplido el requisito legal del rechazo al terrorismo y comunicó al Tribunal que había adoptado las medidas pertinentes para el abono de las subvenciones reclamadas por la formación que lidera Arnaldo Otegi, que en aquellos comicios rondaron los 1,3 millones de euros.

Pero el PP no dio veracidad a esos escritos de los candidatos de Bildu y señaló que el fiscalizador debió "manifestar al menos dudas razonables" sobre la presencia de condenados por terrorismo en las listas de Bildu, aunque luego fuera Interior quien decidiese si se abonaban o no las subvenciones.

Por ello, el PP propuso una resolución exigiendo al Tribunal de Cuentas "una fiscalización de los adelantos de subvenciones percibidos por EH Bildu como ingresos en las elecciones locales del día 28 de mayo de 2023", un texto que fue aprobado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) el pasado mes de junio gracias al apoyo de Vox.

Y al ver que el Tribunal de Cuentas no tienen en agenda ese nuevo informe, el PP ha elevado una protesta en la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta y se ha decidido reiterar la resolución al fiscalizador.

"Es gravísimo que el Tribunal de Cuentas pretenda saltarse la ley y no cumplir el requerimiento del Parlamento de completar la fiscalización de las subvenciones por las elecciones municipales, dando luz verde a las ayudas para una formación como Bildu, que ha llevado a condenados por terrorismo en sus listas, quienes, además, no se arrepienten de los delitos cometidos --ha denunciado en la red social X la dirigente del PP Cuca Gamarra--. No cabe la desobediencia a una solicitud de fiscalización aprobada por el Parlamento".