CCOO advierte de que la batalla judicial entre Indra y General Dynamics pone en riesgo 10.000 empleos

Llama a los agentes involucrados a alcanzar un acuerdo "de inmediato" por el bien de la industria española

El sindicato CCOO ha advertido de que la batalla judicial desatada entre General Dynamics e Indra por unos préstamos estatales a un interés a tipo cero pone en riesgo 10.000 puestos de trabajo.

En concreto, tal y como ha informado la organización en un comunicado este jueves, se trata de una judicialización "absolutamente indeseada" que paralizaría la modernización de las fuerzas armadas, algo "irreparable para el sector".

De este modo, CCOO ha llamado a los agentes involucrados, Indra y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics European Land Systems, GDELS) a alcanzar un acuerdo de "inmediato por el bien de la industria española".

PODRÍA REVERTIR TODOS LOS PROGRAMAS
En este sentido, la sección de Industria del sindicato liderado por Unai Sordo ha manifestado su "profunda preocupación" por esta situación que se ha generado en el sector de la defensa y que podría derivar en la anulación de los reales decretos que destinaban 10.400 millones de euros a modernizar las fuerzas armadas del país. Así, espera que todas las firmas involucradas superen dicho conflicto de forma favorable y desde el entendimiento.

"La judicialización, por un supuesto defecto de forma, de uno de los reales decretos que aprobó el Gobierno en diciembre para modernizar las fuerzas armadas podría revertir todos los programas", ha señalado, enfatizando que paralizar este proceso supondría "perder una oportunidad difícilmente reparable, en un momento en el que las condiciones económicas, industriales y tecnológicas favorecen claramente esta apuesta". De esta forma, cree necesario que la situación se aborde con la "mayor sensibilidad", para encontrar una solución que favorezca al conjunto del sector.

En esta línea, la coordinadora de Defensa de CCOO ha instado a preservar el interés general, el empleo de calidad y el desarrollo industrial del país, al tiempo que ha recordado que urge evitar que "decisiones estratégicas de futuro se bloqueen por intereses particulares, ajenos al bienestar colectivo".

SUSPENSIÓN DE 3.000 MILLONES EN PRÉSTAMOS ESTATALES
El conflicto judicial se está desarrollando en el Tribunal Supremo, que el pasado mes de enero admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo de Santa Bárbara Sistemas que solicitaba, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno.

La solicitud de la suspensión cautelar de los préstamos --una cuestión que todavía debe resolverse-- forma parte del recurso contra la concesión de los créditos a la UTE de Indra y Escribano para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).

Ambos préstamos están recogidos en el real decreto del 14 de octubre de 2025, en el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar. En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar.

En esta línea, el sector de la defensa de CCOO ha valorado de manera "positiva y responsable" la decisión del Gobierno de España de impulsar y reforzar, mediante los programas especiales de modernización, la industria de seguridad y de defensa, para poder competir en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos.

De hecho, la organización sindical entiende que la estrategia supone una "oportunidad histórica" para impulsar la creación y la consolidación de infraestructuras industriales; fomentar convenios con las distintas universidades tecnológicas y con centros de formación profesional e impulsar el desarrollo de 'startups' y de empresas asociadas a tecnologías avanzadas.

Por último, CCOO ha recordado que el proyecto del Gobierno permitirá "acelerar la implantación de capacidades que, en algunos casos, en la actualidad solo existen sobre el papel". "El actual es un momento clave para situar a España en la primera línea de la alta tecnología, avanzar en el cambio de modelo productivo y reforzar su soberanía nacional en esta área y, por lo tanto, la autonomía estratégica", ha concluido.