CC pide en el Congreso aumentar el complemento de residencia y la plantilla de los funcionarios de prisiones en Canarias

Coalición Canaria (CC) ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno de España a actualizar el complemento de indemnización por residencia del personal penitenciario destinado en Canarias y a revisar y ampliar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros del archipiélago, entre otras medidas dirigidas a reforzar la estabilidad de las plantillas y el funcionamiento de las prisiones canarias.

La iniciativa de la diputada Cristina Valido, señala que existen dos problemas estructurales que afectan de forma singular a los centros penitenciarios de Canarias: la "falta de actualización" del complemento de indemnización por residencia y la insuficiencia de las plantillas debido a una RPT "desfasada".

Según recoge el texto, recogido por Europa Press, ambos factores están estrechamente interrelacionados y tienen "un impacto directo" tanto en la estabilidad del personal como en la calidad del servicio penitenciario. "La indemnización por residencia en Canarias, cuya finalidad es compensar el encarecimiento de la vida y la lejanía respecto al territorio peninsular, lleva sin actualizarse desde hace más de dieciocho años", explica la diputada de CC, Cristina Valido.

Estas carencias, sostienen, tienen consecuencias en la estabilidad de las plantillas, ya que muchos funcionarios destinados en Canarias proceden de la Península y, ante la insuficiencia del complemento de residencia, tras un breve periodo solicitan su traslado a otros destinos mejor compensados.

MÁS PRESOS Y LOS MISMOS FUNCIONARIOS
En relación con la RPT, la iniciativa destaca que la insuficiencia es "especialmente evidente" en el Centro Penitenciario Las Palmas II. Desde su inauguración, cuando albergaba a 612 internos, la población reclusa ha aumentado hasta 904 personas, "un incremento del 150%", según denuncias de los trabajadores del centro. Sin embargo, el número de funcionarios se ha mantenido en 334.

En el caso del Tenerife II, la proposición expone que concurren "problemas específicos de especial gravedad" que vienen siendo denunciados por su personal.

Coalición Canaria apunta que toda esta situación implica una "sobrecarga laboral severa" y "dificultades crecientes" para garantizar la seguridad, la vigilancia interior, la gestión administrativa, el tratamiento, las comunicaciones y el desarrollo de programas de reinserción. Subraya además que ampliar la RPT no es únicamente una medida para el bienestar de los trabajadores, sino también "una mejora objetiva para las personas que cumplen condena".

A su juicio, un mayor número de funcionarios permite reforzar la presencia en los módulos, prevenir conflictos, garantizar intervenciones rápidas y eficaces y mejorar la atención individualizada. Asimismo, indica que con más personal los equipos técnicos pueden desarrollar programas educativos, laborales y terapéuticos con mayor continuidad, se reducen los tiempos de espera para gestiones esenciales y se potencia la convivencia interna y la seguridad.

Asimismo, la PNL considera preocupante la ausencia de un sistema estable de conducciones y traslados de personas internas, que actualmente depende en gran medida de la disponibilidad de efectivos de la Guardia Civil. Según explican, esta carencia está provocando la suspensión reiterada de traslados judiciales y, de manera particularmente grave, de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas.

PROPUESTAS
Por todo ello, la proposición no de ley insta al Gobierno de España a reconocer a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad; proceder a la actualización del complemento de indemnización por residencia aplicable al personal penitenciario destinado en Canarias, aplicando un incremento porcentualmente equivalente al establecido para otros cuerpos del Estado; y revisar y ampliar la RPT de los centros penitenciarios de Canarias.

También establecer un sistema estable y específico para las conducciones y traslados de personas internas; reforzar la dotación de personal sanitario; y adoptar un compromiso firme, concreto y por escrito respecto a la reforma integral del Centro Penitenciario Tenerife II, contemplando la sustitución total de los módulos o, en su defecto, la construcción de un nuevo centro en una ubicación alternativa adecuada.