Una fundación anima al Congreso a llevar al Gobierno al TC por no presentar los PGE y a regular el Debate de la Nación

Aboga por limitar el uso "excesivo" de decretos-leyes 'ómnibus' y las prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas

La Fundación Hay Derecho ha animado al Congreso a llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no haber presentado durante los últimos ejercicios los Presupuestos Generales del Estado --el Senado ya ha recurrido-, así como a regular el Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde julio de 2022. Éstas son algunas de las propuestas del primer informe Parlamento que la citada fundación ha presentado en el Congreso con su directora, Safira Cantos, a la cabeza.

En concreto, el informe sugiere a la Cámara Baja plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno ante la "anómala" situación que supone que no haya presentado "en tiempo y forma" los Presupuestos en los últimos ejercicios por la falta de una mayoría suficiente para aprobarlos.

Y es que, según arguye, se trata de una obligación constitucional establecida en el artículo 134 de la Constitución, y éste es el motivo por el que el Senado decidió llevar al Ejecutivo de coalición ante el Alto Tribunal el pasado 24 de diciembre. Cabe recordar que, en España, las últimas cuentas públicas datan de 2023.

Asimismo, el estudio, recogido por Europa Press, considera "imprescindible" acabar con la, a su juicio, "creciente politización" de las mesas del Congreso y del Senado para que no sólo la Presidencia sino también sus miembros actúen "con imparcialidad y la debida neutralidad", y no "al servicio" de sus respectivos partidos.

ATAJO PARA EVITAR INFORMES DE ÓRGANOS CONSULTIVOS
Además, la Fundación Hay Derecho plantea, entre otras muchas propuestas, regular el Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde hace cuatro años, para que no quede "al arbitrio" de los partidos políticos de turno.

Pide también poner fin al uso creciente de proposiciones de ley promovidas por partidos del Gobierno para cuestiones que deberían tramitarse como proyectos de ley, una práctica que permite eludir controles previos indispensables como consultas públicas o informes de órganos consultivos. En 2024, el 34% de las proposiciones de ley procedían del PSOE, de Sumar o de ambos partidos del Gobierno.

También aboga por limitar la utilización "excesiva" de decretos-leyes 'ómnibus', por reducir la tramitación de una iniciativa por el procedimiento de lectura única --lo que reduce el debate parlamentario--, por actuar "con rigor técnico-jurídico" con los vetos presupuestarios del Gobierno y por rebajar el bloqueo estructural en la tramitación de propuestas debido al uso "persistente" de las prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas, lo que provoca que decenas de proposiciones no salgan del cajón.

RETRASO CON LAS LEY DE SECRETOS OFICIALES
En este punto, la directora de la fundación ha apuntado que si se hubiera tramitado ya la reforma de la Ley de Secretos Oficiales presentada al inicio de la legislatura por el PNV y ésta no hubiese sufrido hasta 33 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, habría habido ya una desclasificación automática de los documentos relativos a la intentona golpista de 1981.

La investigación detecta, asimismo, problemas "graves" de transparencia y rendición de cuentas. En concreto, destaca que menos del 18% de los parlamentarios publican reuniones con grupos de interés o 'lobbies' --pese a estar obligados por el código de conducta parlamentaria--, y cuestiona la opacidad que existen en los grupos parlamentarios en cuanto a reglamentos internos y uso de fondos.

"Prácticamente es imposible tener información" sobre este extremo", ha denunciado Cantos, quien también ha defendido la necesidad de mejorar las páginas webs del Congreso y del Senado para que recojan la huella normativa completa de los textos legales, y de reforzar la posición de los parlamentarios individuales, dotándoles de medios personales y materiales propios, y ampliando las iniciativas que pueden impulsar sin "supervisión del grupo parlamentario".

Y HASTA UN ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN
Hay Derecho también ve imprescindible reforzar los mecanismos de control y fiscalización ordinaria de la actividad del Gobierno y plantea en este sentido crear un estatuto de la oposición, así habilitar espacios para el debate y el seguimiento del cumplimiento de los programas electorales y de los acuerdos de legislatura.

Entre otras propuestas, la fundación también apuesta por revisar la regulación de las comisiones de investigación, dado que alrededor del 80% de las creadas desde 1979 han concluido sin acuerdo, por adaptar el uso de lenguas cooficiales en el Congreso al ordenamiento jurídico; y por revisar que las declaraciones de bienes y de actividades económicas de los parlamentarios recojan información "fidedigna y completa". Singularmente, plantea la necesidad de reforzar la independencia del órgano que se encargue de estas funciones, en este caso de la Comisión del Estatuto del Diputado.

Para fomentar la participación ciudadana, el informe ve preciso revisar la regulación de la Iniciativa Legislativa Popular "para que no sea necesaria su toma en consideración por el Congreso" y, mediante reforma constitucional, aboga por rebajar el número de firmas exigido, establecido actualmente en las 500.000 firmas.

Por último, Hay Derecho propone que en aquellos casos en los que las Cortes Generales asumen una función de nombramientos, sería conveniente establecer una fase previa a la designación política que contemple un concurso público y evaluación experta, y echar mano de los sorteos para los casos de bloqueo, evitando rebajar las mayorías cualificadas que se suelen exigir para este tipo de nombramientos.