El Congreso acepta otra vez la ley del PNV para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad que el PSOE defiende

El Pleno del Congreso ha tomado en consideración este martes, con la oposición de PP, Vox y UPN, la proposición de ley del PNV para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el objetivo de derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y rebajar las multas a cargos públicos por incumplir sanciones del Alto Tribunal.

La iniciativa del PNV ha superado este primer examen parlamentario con 175 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención, pero el PSOE ya ha avisado que su apoyo se limita a la idea de rebajar las sanciones por incumplir sentencias del TC, pero no a la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, cuya vigencia sigue defendiendo.

No es la primera vez que se tramita esta proposición de ley del PNV, que ha venido planteando en todas las legislaturas desde la reforma que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. La última vez decayó al disolverse las Cortes en 2023, tras numerosas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas.

En el debate, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, apoyado por los demás socios de investidura, ha indicado que la recuperación del recurso previo supuso "un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas", además de "arbitrario", y lo ha descrito como "un instrumento de obstrucción previo" que pone "en manos de la minoría parlamentaria, un instrumento de bloqueo de lo aprobado por la mayoría", posibilitando "un auténtico veto político en manos de la oposición".

Frente a ello, el socialista Artemi Rallo ha recordado que el PSOE apoyó en la oposición la idea de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos con el objetivo de evitar otra situación como la del Estatuto de Cataluña, avalado en referéndum y después recortado por el TC.

A su juicio, la reintroducción del recurso previo tenía como objetivo "atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad, total o parcial, de una reforma estatutaria ya aprobada por un legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos". Y ha recalcado que "no comparten que se trate de un control político, ni de un veto político, ni que desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional".

Eso sí, el PSOE apoya la tramitación de la iniciativa del PNV porque coincide en su segundo objetivo, la rebaja de las sanciones que también introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy 2015 para los cargos públicos que incumplan las sentencias del TC, pues opina que se atribuyó al tribunal de garantías "exorbitantes e innecesarias facultades" para ordenar la ejecución de sus resoluciones.