Economía-Santa Bárbara recurrirá ante la AN los programas de artillería adjudicados a Indra-EM&E si Defensa lo desestima

El Ministerio ha renunciado a aplicar medidas cautelares y deberá responder al recurso antes del 22 de abril

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, interpondrá un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) si el Ministerio de Defensa desestima el recurso de alzada presentado por la compañía contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

En concreto, tal y como han indicado fuentes conocedoras a Europa Press, el departamento liderado por Margarita Robles tiene de plazo hasta el 22 de abril para responder a dicho recurso de alzada, que es un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa y poder presentar recurso contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria, en este caso, la AN.

Por otra parte, la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio ha renunciado a aplicar medidas cautelares para suspender las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E de los contratos de suministro de los programas especiales de modernización (PEM) de Defensa 'ATP Ruedas'y 'TP Cadenas' y deberá resolver, como ya se ha mencionado, antes del 22 de abril, el recurso presentado por Santa Bárbara contra dichas adjudicaciones.

RECURSO SIGUE A PESAR DE LA DECISIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES
Como reconoce la propia resolución de la cartera de Defensa, la decisión de no suspender cautelarmente las adjudicaciones "no prejuzga en modo alguno el examen de fondo del recurso de alzada presentado por Santa Bárbara solicitando la nulidad de las adjudicaciones".

De este modo, la decisión del Ministerio deberá adoptarse tras examinar los argumentos de las partes y, en particular, la posición de la propia Santa Bárbara y que, en todo caso, sería revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por tanto, el recurso de Santa Bárbara sigue su proceso independientemente de la decisión del Ministerio sobre estas medidas cautelares.

En este contexto, cabe recordar que la firma interpuso el pasado 22 de enero un recurso de alzada contra dichas resoluciones que adjudicaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, cuyo objeto es la adquisición de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas por valor total de más de 7.000 millones de euros. Además, Santa Bárbara solicitó como medida cautelar, mientras se sustanciaba el recurso, la suspensión de las adjudicaciones.

EXIGÍA QUE SU CANDIDATURA FUERA TOMADA EN CONSIDERACIÓN
Al hilo, las mismas fuentes han resaltado que Santa Bárbara es una empresa con "probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa", lo que exigía que su candidatura para la ejecución de los PEM fuera tomada en consideración, teniendo en cuenta que las adjudicaciones a Indra y EM&E fueron adoptadas sin concurrencia ni publicidad, pese a no tener "experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara".

Por ello, fuentes conocedoras del proceso consideran "más razonable suspender" la adjudicación de los contratos y evitar posibles indemnizaciones futuras en caso de que su recurso fuese estimado en cuanto al fondo.

En cualquier caso, dichas fuentes indican que Santa Bárbara mantiene su "plena confianza en la solidez de sus argumentos", incluidos los de las medidas cautelares desestimadas, que, entre otros motivos, pretendían evitar los perjuicios económicos que el Ministerio afirma que podría compensar en caso de estimarse el recurso.

Así, desde la compañía han asegurado que continuarán con la defensa de sus "derechos e intereses legítimos, acudiendo a todas las instancias necesarias".

Igualmente, Santa Bárbara confía en que la Administración tomará las medidas oportunas para evitar "los daños irreparables" que pudieran causar la no suspensión cautelar de las adjudicaciones a la empresa y sus trabajadores, así como al sector industrial de la Defensa en general y a la Administración Pública, "ya que la adjudicación de los contratos sin publicidad y concurrencia ha impedido a la propia Administración la selección de una oferta idónea y más ventajosa".

Por último, cabe recordar que esta decisión se refiere solo al recurso de alzada contra las adjudicaciones presentado a Defensa y no al recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Supremo contra los préstamos de 3.000 millones de euros a un interés del 0% concedidos a la UTE entre Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno. Este último recurso tiene aun pendiente la decisión sobre las medidas cautelares y sobre el propio recurso.