Sumar lleva al Congreso la regulación de la mediación penal intrajudicial con garantías y control de jueces y fiscales

Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regule "de forma clara y homogénea" la mediación integrada dentro del proceso penal, con "todas las garantías constitucionales", enmarcada en los principios de la justicia restaurativa y bajo control jurisdiccional.

La iniciativa, recogida por Europa Press y que será debatida en la Comisión de Justicia, plantea que esa regulación delimite "claramente" el ámbito objetivo y subjetivo de la mediación penal, garantice los derechos de las víctimas y evite "cualquier forma de revictimización".

Asimismo, Sumar propone preservar las garantías propias del proceso penal, en especial el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, además de reconocer el papel del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y del interés público.

Igualmente, reclaman dotar de medios personales y materiales suficientes este sistema público de servicios de mediación penal intrajudicial, promover la formación especializada para todos los operadores de la Justicia e incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento para medir su impacto en términos de calidad de la justicia, satisfacción de las víctimas y reinserción social.

INTEGRAR MECANISMOS DE RESTAURACIÓN EN EL PROCESO PENAL
La mediación penal constituye una herramienta de justicia restaurativa orientada a la reparación del daño, la responsabilización del infractor y la atención integral a las víctimas, complementaria del ejercicio de la jurisdicción penal.

El grupo parlamentario recuerda que, en los últimos años, organismos europeos e internacionales y sectores doctrinales y profesionales han señalado la necesidad de integrar de forma sistemática mecanismos restaurativos en el proceso penal, con las debidas garantías constitucionales.

Sumar advierte de que la mediación penal carece actualmente de una regulación integral y adecuada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que genera "cierta inseguridad jurídica y desigualdad territorial", pese a la experiencia acumulada en proyectos piloto y programas de mediación penal intrajudicial impulsados desde el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con comunidades autónomas con competencias en Justicia.