Bolaños espera aprobar la Ley de Secretos Oficiales en "próximos meses" y está dispuesto a un acuerdo "razonable"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confía en que el Congreso de los Diputados apruebe la Ley de Información Clasificada "en los próximos meses" y se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo "razonable" sobre los años que deben pasar para la descladificación, el principal escollo con los grupos parlamentarios.

El ministro ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que ha aprobado el Plan Normativo Anual del año 2026, aunque ha aclarado que esta norma no está incluida en el mismo porque ya se encuentra en tramitación parlamentaria.

En todo caso ha subrayado que tiene "voluntad de impulsarla en los próximos meses" porque la actual Ley de Secretos Oficiales es una norma "preconstitucional y franquista" aprobada en 1968. Para Bolaños esta ley es una "antigualla" que sigue en vigor pese a que fue dictada por las cortes franquistas y "no cumple con ninguno de los estándares europeos" ni de las democracias avanzadas del mundo.

El ministro ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el primero que ha aprobado un proyecto para reformar esta ley y considera que todos los grupos comparten que está "obsoleta" y "hay que cambiarla", pero todavía deben conseguir un acuerdo.

Uno de los puntos de fricción es el periodo para que un hecho pueda ser desclasificado, que los grupos quieren que sea menor al que plantea el Gobierno, cuyo proyecto plantea la desclasificación automática a los 45 años para hechos considerados "alto secreto"; 35 para los catalogados como "secreto"; entre 7 y 9 años para información "confidencial" y de 4 a 6 para información "restringida".

El pasado mes de febrero el Gobierno ya desclasificó los documentos del golpe de Estado del 23F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplían 45 años.

Este martes, Bolaños se ha mostrado dispuesto a negociar con los socios y llegar a un acuerdo "que sea razonable", que cumpla con los "mejores estándares democráticos del mundo" y que adapte la legislación española "a lo que tiene que ser una democracia avanzada con España".