El PP defiende su ley antiokupas entre acusaciones de la izquierda de legislar para bancos y fondos buitre

Vox apoya la iniciativa, aunque la ve insuficiente, mientras PNV. CC y Junts admiten el problema, pero cuestionan algunas medidas

El PP ha defendido este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley contra la ocupación ilegal de inmuebles en la que propone desalojos en 24 horas, más penas y el veto al empadronamiento de okupas, entre otras cuestiones; mientras que la izquierda ha acusado a los 'populares' de magnificar el problema y legislar en favor de bancos, fondos buitre y grandes tenedores.

En la defensa de la proposición, el diputado Sergio Sayas ha señalado que la okupación ha crecido "de manera exponencial" en España y que el Gobierno "se está poniendo del lado de los delincuentes". Así ha indicado que hay 79.000 viviendas ocupadas y 21.000 'inquiocupadas', por lo que ha defendido aumentar las penas también para "las mafias que los organizan y que los alientan", impedir el empadronamiento y evitar que las víctimas tengan que seguir pagando el agua, la luz y el gas de los usurpadores.

Además, ha vinculado la ocupación y la inquiocupación con el problema de la oferta de vivienda, asegurando que desde que Pedro Sánchez gobierna se han retirado del mercado de alquiler 265.000 viviendas.

La iniciativa del PP ha sido apoyada por Vox, cuyo parlamentario Ignacio Hoces considera que va "en la buena dirección" aunque, a su juicio, "se queda corta". Así, apuesta por incrementar más las penas, expulsar al extranjero que cometa un delito de ocupación y evitar que quien sea condenado por ocupación pueda recibir un piso público o ayudas sociales en materia de vivienda.

PSOE: "PROTEGEN AL GRAN ESPECULADOR"
Desde la izquierda, el diputado socialista Raúl Díaz Martín ha acusado al PP de presentar una ley que no persigue lo que plantea, sino quiere "blanquear su estrepitoso fracaso en la política de vivienda donde gobiernan". Según sostiene, la ley sirve para proteger "al gran especulador" y no al pequeño propietario, y ha reprochado que eliminen el delito de coacciones para fondos buitre que corten suministros y suban la pena a inquilinos que no pueden pagar.

Díaz ha defendido que quien sufre una ocupación debe recibir ayuda mediante la respuesta administrativa y judicial, pero ha negado que se trate de un gran problema social, señalando que la ocupación en España afecta al 0,061% de las viviendas. Además, ha acusado al PP de recurrir al "populismo punitivo" y de criminalizar al vulnerable, al migrante y al pobre, antes de concluir que los socialistas están con quienes "solo piden vivir con dignidad".

Por su parte, la diputada de ERC Etna Estrems ha calificado la proposición de "obra de teatro mala y caducada". Y aunque ha admitido que hay casos de ocupaciones problemáticas que requieren soluciones, ha afirmado que presentarlo como el principal problema de la vivienda es "de un cinismo inaceptable".

BELARRA: "PATADA A UNA VIVIENDA VACÍA DE UN BANCO"
En paralelo, el parlamentario de Bildu Óskar Matute ha acusado al PP de plantear una iniciativa que "castiga a los más débiles y retuerce las leyes a favor de los más poderosos". Ha sostenido que el texto abre "una puerta de atrás" a personas jurídicas como bancos y fondos de inversión y trata de equiparar el allanamiento de morada con la usurpación.

Pero la diputada más dura contra la proposición del PP ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha asegurado que está "escrita al dedillo" al servicio de bancos y fondos buitre. Por ello, ha defendido que, si una familia no tiene dónde ponerse a cubierto, "hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro".

En una línea intermedia se han situado PNV y Junts. El diputado vasco Mikel Legarda considera la usurpación de viviendas un problema grave para propietarios y, en ocasiones, vecinos de la finca, pero ha advertido de que no puede abordarse desatendiendo posibles situaciones de vulnerabilidad ni con acusaciones "disparatadas". También ha rechazado atribuir a poderes públicos distintos del judicial facultades para recuperar la propiedad, salvo en caso de delito flagrante.

Desde Junts, Marta Madrenas ha afirmado que su formación no negará nunca la realidad que viven "muchos" ciudadanos, barrios y comunidades de vecinos, ni participará en el relato que presenta cualquier preocupación sobre las ocupaciones como "una obsesión ideológica". No obstante, ha avisado de que la proposición del PP genera "dudas importantes" y ha apostado por menos "simbolismo penal" y más eficacia para garantizar un desalojo rápido.

Asimismo, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reconocido que el problema de la ocupación ilegal existe y que "no se puede mirar a otro lado", pero aconseja afrontarlo "sin un debate ideológico que los ciudadanos no necesitan" y "sin mezclarlo con la morosidad ni con las familias vulnerables".

IMPORTANTES CAMBIOS EN MATERIA PENAL
La proposición de ley del PP no sólo plantea agilizar los desalojos, impedir el empadronamiento de okupas y poder cortales los suministros. Busca separar los conceptos de morada de las situaciones de ocupación ilegal para impedir que el usurpador no goce de esa protección frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes.

En el plano penal, la iniciativa reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, una vez iniciado un procedimiento por ocupación ilegal, el juez pueda ordenar a la Policía Judicial que requiera a los ocupantes para desalojar voluntariamente en un plazo máximo de 24 horas o acreditar un título jurídico legítimo. Si no lo hacen, el juez ordenará el desalojo inmediato, con comunicación a los servicios sociales cuando haya menores o personas vulnerables afectadas.

También prevé penas de prisión de uno a tres años para la ocupación con violencia o intimidación y sanciones agravadas si la ocupación dura más de quince días o intervienen grupos organizados.

La norma amplía asimismo las vías de actuación para propietarios y comunidades de vecinos. En el ámbito civil, permite que personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras legítimas pidan la recuperación inmediata de la vivienda si han sido privadas de ella sin consentimiento.