La AIPI pide reformar la ley de protección a denunciantes y alerta de sanciones de la UE tras 174 casos

La institución que en España se encarga de proteger a las personas que denuncian posibles irregularidades en el ámbito público y privado presenta su primer informe de actividad con un diagnóstico claro: la ley que regula su funcionamiento necesita cambios importantes para ajustarse a las exigencias de la Unión Europea y evitar riesgos legales para el país.

Un organismo nuevo con una función clave

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es el organismo encargado de recibir comunicaciones sobre posibles fraudes, corrupción o malas prácticas y de garantizar la protección de quienes informan de estos hechos.

Su papel es evitar que estas personas sufran represalias en su entorno laboral o profesional. En este primer balance anual, la entidad analiza cómo está funcionando el sistema y qué problemas detecta en la normativa que lo sustenta.

La advertencia central: la ley no encaja con Europa

El informe señala que la legislación española no está plenamente alineada con la directiva europea sobre protección de denunciantes.

Según la AIPI, esto puede generar problemas de cumplimiento y, en consecuencia, posibles sanciones por parte de la Unión Europea si no se corrigen determinados aspectos.

Uno de los puntos clave es el alcance de la protección. La autoridad considera que no debería limitarse a los canales internos de empresas o administraciones, sino incluir también denuncias ante la Fiscalía, los juzgados o las fuerzas de seguridad.

Riesgo de sanciones y límites de la ley

El organismo advierte de dos elementos especialmente problemáticos: el límite temporal de dos años de protección y la exclusión de ciertos casos cuando las denuncias no son admitidas por canales internos.

La AIPI considera que estas restricciones no existen en los mismos términos en la normativa europea y que pueden suponer un incumplimiento.

Necesidad de medidas de protección más rápidas

Otro eje del informe es la rapidez con la que se protege a los denunciantes.

La entidad sostiene que el sistema actual es insuficiente y propone introducir medidas cautelares urgentes que permitan actuar desde el primer momento para evitar represalias.

También plantea la posibilidad de suspender esas represalias y establecer mecanismos de compensación si finalmente se producen.

Qué conductas quedan fuera de la protección

La ley española actual solo cubre infracciones penales o administrativas graves o muy graves.

La AIPI considera que esto deja fuera situaciones relevantes como mala gestión o uso ineficiente de recursos públicos, que aunque no sean delitos graves, pueden afectar al interés general.

Según el informe, esta limitación genera un vacío de protección respecto al enfoque europeo.

Profesionales que también deberían estar protegidos

El organismo propone ampliar la protección a determinados perfiles técnicos de la administración, como interventores, secretarios-interventores o letrados.

Se trata de profesionales que pueden verse sometidos a presiones al detectar o comunicar irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Desigualdad entre comunidades autónomas

La AIPI también detecta diferencias en la aplicación del sistema según el territorio.

Algunas comunidades autónomas ya cuentan con sus propios organismos de protección, mientras que otras todavía no, lo que provoca desigualdades en el nivel de cobertura para los informantes.

El organismo trabaja en la firma de convenios para garantizar una aplicación homogénea en todo el país, incluidas comunidades como Catalunya.

Primer balance de actividad: 174 casos y 17 protegidos

Desde su puesta en marcha, el sistema ha gestionado 174 comunicaciones sobre posibles irregularidades.

De ellas, solo 17 personas han recibido protección oficial frente a posibles represalias. La mayoría de los casos proceden del sector privado y se han tramitado por canales externos.

Además, el informe señala que una gran parte de las comunicaciones ya está cerrada en esta fase inicial.

Qué tipo de denuncias se reciben

Las comunicaciones se centran principalmente en posibles infracciones administrativas o penales de carácter grave o muy grave, aunque también incluyen incidencias relacionadas con el funcionamiento de los sistemas internos de información.

El reparto entre sector público y privado es equilibrado, con presencia también de administraciones locales y autonómicas.

Un sistema aún en construcción

La AIPI subraya que el organismo ha empezado a funcionar sin una estructura administrativa previa consolidada, lo que ha exigido construir el sistema desde cero.

En esta fase inicial cuenta con apoyo institucional para su despliegue y su objetivo es consolidar un modelo homogéneo que garantice la misma protección en todo el territorio.