El PP denuncia un exceso de normas en España y exige un inventario para identificar las derogadas y obsoletas

Aboga por aplicar el principio europeo de derogar tres normas por cada una que se aprueba

El PP sostiene que España padece un "exceso regulatorio" y ha registrado una proposición no de ley en el Congreso pidiendo al Gobierno que realice un "inventario exhaustivo del derecho estatal" para identificar aquellas normas derogadas tácitamente o que hayan quedado obsoletas y así poder proceder formalmente a su derogación expresa y declarar su pérdida de vigencia.

La iniciativa, presentada para su debate en Pleno, insta al Ejecutivo a impulsar un Plan Nacional de Simplificación Normativa, en línea con los objetivos establecidos en la Brújula de la Competitividad para la Unión Europea, en el Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026 y en la Comunicación sobre 'Mejora de la Legislación y aplicación normativa'.

Según el texto, recogido por Europa Press, ese plan debe reducir de forma efectiva el volumen regulatorio y fijar objetivos cuantificables de reducción de cargas administrativas equivalentes, al menos, al 25% con carácter general y al 35% para las pymes.

Además, el Grupo Popular plantea establecer un límite a la producción normativa mediante la aplicación, al menos, del principio "una norma nueva, tres derogadas", que, según la iniciativa, la Comisión Europea viene aplicando desde 2022, en línea con los principios europeos de mejora regulatoria y simplificación administrativa.

UN ORDENAMIENTO JURIDICO COHERENTE
En ese punto, la PNL pide garantizar que el ordenamiento jurídico se mantenga estable y coherente, y estudiar la viabilidad de avanzar progresivamente hacia un enfoque de "una norma nueva, una norma derogada", en la línea de la posición expresada mayoritariamente por el Parlamento Europeo en su votación de 22 de enero de 2026.

El PP también reclama impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Plan de Acción para la Simplificación y Depuración Normativa que siga el modelo anunciado por la Comisión Europea, destinado a revisar incoherencias, solapamientos, duplicidades e ineficiencias entre administraciones.

La proposición incluye asimismo simplificar los procedimientos administrativos y de contratación pública, eliminando trabas burocráticas innecesarias y agilizando la ejecución de inversiones, especialmente aquellas financiadas con fondos europeos.

Otra de las medidas planteadas pasa por revisar el Real Decreto 931/2017, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, con el objetivo de mejorar la calidad de la regulación y reforzar los mecanismos de análisis y evaluación de impacto normativo.

Para ello, el PP propone incorporar metodologías alineadas con las nuevas herramientas de consulta puestas en marcha por la Comisión Europea, como los 'reality checks' o los 'implementation dialogues', además de fomentar la cultura de la evaluación y simplificación normativa en las administraciones públicas mediante la formación de empleados públicos y la adopción de buenas prácticas en la redacción legislativa.

UN "LASTRE" PARA EL CRECIMIENTO Y LA INVERSIÓN
En la exposición de motivos, el Grupo Popular sostiene que la regulación es un instrumento esencial para establecer reglas claras, reducir la incertidumbre, proteger derechos y facilitar la actividad económica, pero advierte de que, cuando se vuelve "excesiva, compleja y descoordinada", deja de ser una herramienta de progreso para convertirse en "un lastre" que frena el crecimiento económico, dificulta el emprendimiento y limita la eficacia de la administración pública.

Afirman que España es "un claro ejemplo" de cómo la inflación regulatoria y la falta de calidad normativa están afectando negativamente a la economía, la competitividad y la capacidad para atraer inversiones, y señala que las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas, la mejora de la calidad legislativa y la simplificación del marco regulatorio entre las prioridades para reforzar la competitividad económica de la Unión.

La iniciativa advierte además de que la fragmentación normativa entre administraciones genera "inseguridad jurídica" e incrementa los costes de cumplimiento para las empresas, especialmente para las pymes. Y añade que la situación se agrava con la ejecución de los fondos europeos, al considerar que la excesiva carga regulatoria y la complejidad de los procedimientos administrativos están retrasando la movilización de inversiones.

Por todo ello, el PP defiende que es urgente adoptar medidas que simplifiquen y racionalicen el marco regulatorio, mejoren la calidad de las normas y agilicen los procedimientos administrativos, así como un pacto entre administraciones para reducir la fragmentación normativa y garantizar la coherencia y claridad de la regulación.