El Gobierno desmiente los vínculos de Julián Mateos con el rescate de Plus Ultra tras el informe de la UDEF

Un cruce de versiones entre el Gobierno y un informe policial reabre el foco judicial y político sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en un caso en el que se entrelazan decisiones administrativas, cronologías institucionales y comunicaciones privadas ahora bajo análisis.

El Gobierno cierra filas sobre el papel del responsable del fondo

El Ejecutivo central descarta cualquier intervención del director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas, Julián Mateos, en la concesión del préstamo público otorgado a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021.

Las fuentes de Moncloa consultadas subrayan que el cargo al que se hace referencia no existe en la estructura administrativa en el momento en que se aprueba la operación, ya que el puesto se crea en agosto de 2021, meses después de la decisión financiera que ahora se investiga.

Además, el Gobierno insiste en que la persona posteriormente designada no formaba parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el periodo en el que se tramita el rescate, lo que, según su versión, descarta cualquier intervención directa o indirecta en el expediente.

En esa línea, el Ejecutivo concluye que no existe base para atribuir responsabilidad al citado responsable en la concesión del préstamo y niega cualquier participación en el proceso de decisión.

Un rescate bajo la lupa judicial y policial

La posición del Gobierno se produce tras la incorporación al procedimiento de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento forma parte de una investigación judicial en la que se analizan distintas comunicaciones entre directivos de la aerolínea Plus Ultra en relación con el proceso de obtención y desbloqueo de la ayuda pública.

Entre los elementos revisados figura una conversación fechada el 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la compañía, que la policía incorpora como parte del análisis de contexto sobre las decisiones posteriores del rescate.

El informe se sitúa en una línea temporal que conecta las primeras conversaciones entre responsables de la aerolínea con los hitos administrativos que culminan en la concesión y ejecución de la ayuda pública.

El recorrido administrativo del rescate y el desbloqueo de los fondos

Según el mismo atestado, en julio de 2021 la Fiscalía Provincial de Madrid solicita el levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados 34 millones de euros correspondientes a la ayuda concedida a Plus Ultra.

Ese movimiento judicial permite reactivar el proceso, que culmina apenas un mes después con la finalización del rescate y la liberación efectiva de los fondos.

La secuencia descrita por la investigación sitúa así el desenlace del expediente en un contexto posterior a la revisión de las medidas cautelares, dentro de un marco de decisiones judiciales y administrativas encadenadas.

Este punto resulta relevante en la reconstrucción del caso, ya que establece la cronología entre la congelación inicial de los fondos, la intervención de la Fiscalía y la ejecución definitiva del apoyo financiero.

Mensajes analizados y la referencia al nombramiento del fondo

El informe de la UDEF incorpora también el análisis de mensajes intercambiados entre directivos de la aerolínea en fechas posteriores a los hechos centrales del rescate.

En ese intercambio, uno de los participantes envía una noticia en la que se menciona el nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas, órgano encargado de gestionar el rescate dentro de la estructura de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Según el atestado, tras ese reenvío, se produce una conversación en la que uno de los interlocutores pregunta por el nuevo responsable del fondo, lo que abre el análisis policial sobre el contexto del intercambio.

En ese mismo hilo aparece la expresión “10k done”, que los investigadores recogen como posible indicación de un pago de 10.000 euros, interpretación que forma parte de las conclusiones del informe policial, aunque no constituye por sí misma una imputación judicial.

Este elemento se integra en el conjunto de comunicaciones analizadas por la UDEF, que estudia posibles conexiones entre decisiones empresariales, movimientos informativos y contextos temporales vinculados al rescate.

Cronología, estructura del fondo y puntos de fricción

El caso coloca bajo escrutinio la estructura del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas, creado para canalizar ayudas públicas a compañías afectadas por la crisis económica, y su funcionamiento en el periodo en el que se aprueba el rescate de Plus Ultra.

El Gobierno recalca que la persona señalada no ocupa el cargo en el momento de la concesión del préstamo, mientras que la investigación policial se centra en la relación entre comunicaciones internas de la aerolínea y decisiones posteriores vinculadas a la ejecución de los fondos.

La divergencia entre la interpretación administrativa del Ejecutivo y el análisis del atestado policial se convierte en el eje central del caso, que permanece bajo supervisión judicial en el Tribunal Central de Instancia Número 2.

Un caso aún abierto en sede judicial

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra continúa su recorrido en los tribunales mientras se analizan los informes policiales incorporados al procedimiento y las explicaciones ofrecidas por el Gobierno.

El contraste entre cronologías, nombramientos administrativos y mensajes privados forma parte del material que el juez instructor evalúa para determinar si existen indicios relevantes dentro del expediente.

El caso permanece abierto, con nuevas piezas documentales que reactivan el debate político e institucional sobre la gestión de las ayudas públicas en un contexto de alta sensibilidad económica y judicial.