También cita a declarar junto a doce testigos, entre ellos los profesores Clara Souto, cuya firma aparece en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM), Alfredo Allué, que dijo que pudo haber sido falsificada su firma y Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público.
Enrique Álvarez Conde asegura que fue por orden del rector de la Universidad Juan Carlos y que se trata de una "reconstrucción".