No publican sus fuentes de financiación y mantienen sus cuentas en una total opacidad en sus páginas web, según un estudio del Observatorio de Think Tanks
Para ello va a impulsar una Ley de Gobierno Abierto, que permita a la ciudadanía participar en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas públicas, según ha explicado la propia presidenta.
Andalucía, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia son las únicas autonomías que han creado nuevos organismos para controlar la Transparencia. Por su parte, Asturias, Castilla La-Mancha, Cantabria, La Rioja y Extremadura, han pedido al Estado que lo haga por ellas.
España presenta ciertos riesgos de corrupción en materia de Defensa, sobre todo debido a la escasa "vigilancia parlamentaria" sobre esta materia, la ausencia de investigaciones "exhaustivas" en relación a posibles irregularidades y la falta de transparencia en las cuentas públicas, según revela un informe de la ONG Transparencia Internacional.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, máximo organismo oficial en este campo, ha tramitado en su primer año de actividad un total de 844 iniciativas ciudadanas de las que más de la mitad (426) son reclamaciones, 271 son informaciones al ciudadano, 101 son consultas sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y 21 son denuncias por el incumplimiento de esta norma.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, máximo organismo oficial en este campo, y la ONG Transparencia Internacional han firmado este miércoles un protocolo de colaboración para impulsar la transparencia en entidades del sector privado y del público y, entre otras medidas, preparar un manual para que partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales cumplan sus obligaciones.
A 20 días de que las comunidades autónomas tengan que cumplir las obligaciones de transparencia que rigen para la administración central desde hace un año, la mayoría de las autonomías no tiene creado los órganos que han de velar por la correcta aplicación de todos los preceptos de la Ley de Transparencia y que deberán gestionar las reclamaciones de los ciudadanos en esta materia.
El Senado lleva gastados este año 1,43 millones de euros en pagar los viajes de los parlamentarios entre enero y junio, el 90 por ciento de esa cifra, 1,16 millones, en los desplazamientos de sus señorías entre Madrid y la circunscripción por la que han sido elegidos. De media al mes, 895 euros por senador.