Se puede armar gorda con la desigualdad salarial entre funcionarios del Estado y autonómicos
La demanda de equiparación salarial comenzó con la Guardia Civil, que reclamaba cobrar lo mismo que la Policía Nacional. Después, se unieron para exigir que sus sueldos fueran iguales a las de los Mossos.
El Gobierno ha asumido que se enfrenta a un problema “grave” con los funcionarios de la Administración General del Estado, porque el contagio de la oleada de peticiones de equiparación salarial, puede provocar un “estallido” entre los empleados públicos, tal y como han advertido a Moncloa desde Hacienda.
El germen de la demanda de equiparación, por parte de los funcionarios del Estado, ha nacido, según diferentes fuentes, tanto gubernamentales como sindicales, en las Oficinas de Empleo: “En esas dependencias coinciden todos los días, porque trabajan juntos, empleados de la Administración general, de la autonómica y hasta de la local. Y las comparaciones de sueldo son odiosas”.
El ministro Montoro se reunió el lunes con los representantes de CSIF, CCOO y UGT para hablar de la prometida subida de sueldo del 1% en 2018, un compromiso que el titular de Hacienda ratificó “haya o no Presupuestos”. Y los líderes de las centrales aprovecharon al Gobierno que ponga en marcha un plan para acabar con la desigualdad existente en los salarios de los funcionarios del Estado con respecto a los empleados públicos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de las grandes ciudades.
Sin embargo Montoro les transmitió el lunes que el Gobierno “no tiene dinero suficiente”, no solo para una subida progresiva del sueldo de los funcionarios, sino tampoco para igualar las nóminas de los diferentes empleados de la Administración.
Un importante número de empleados públicos están acudiendo al Tribunal Constitucional, presentando un recurso de amparo por la desigualdad salarial respecto a los trabajadores de las administraciones regionales y locales. El alto tribunal aún no se ha pronunciado, pero un posicionamiento favorable a los funcionarios obligaría al Gobierno a “tomar medidas inmediatas”.
En Moncloa y en Hacienda son conscientes de estos movimientos entre los funcionarios, y la preocupación va en aumento. “Se puede montar una bien gorda”.
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