viernes, 14 de diciembre de 2018 06:54
Sociedad

Rato, investigado por presuntas irregularidades en la facturación de sus conferencias

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El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, interrogará este jueves 5 de abril a las 10.30 horas al exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato en el marco de la pieza relativa a la facturación obtenida por las conferencias que impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC).


El magistrado que investiga el origen presuntamente ilícito del patrimonio familiar de Rato también le citó por la pieza sobre el presunto blanqueo de capitales cometido durante su etapa en el Ejecutivo, si bien anuló esta parte del interrogatorio tras el recurso presentado por el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo y la suspensión de la citación.


Para este jueves y en el marco de la primera de las piezas separadas, están llamados a declarar también en calidad de investigados Pedro Díaz Martínez y Francisca Pilar Buján, ambos administradores de BCC. En marzo del pasado año la Audiencia de Madrid ordenó reabrir esta parte de la investigación al considerar que los hechos, que ocurrieron entre los años 2007 y 2014, no estaban prescritos.


Según apunta la Fiscalía Anticorrupción, Rato habría defraudado 672.329 euros en el IRPF del ejercicio de 2012 y 756.984 euros en el del siguiente año procedente, por un lado, de una entrada de divisas de más de un millón de euros, y por otro, de los servicios que prestó a Telefónica entre los años 2013 y 2015 y que, en lugar de tributarlos, declaró mediante facturación a su sociedad Kradonara.


Los magistrados de la Sección 23 expusieron que debía seguirse el procedimiento al no haber prescrito el ejercicio del año 2012 y haberse superado el umbral de los 120.000 euros a partir de los cuales el fraude pasa a ser delito, según establece el Código Penal.


PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS


En lo que respecta a la pieza relativa al blanqueo de capitales, el magistrado acordó citarle para este 5 de abril tras reabrirla por orden igualmente de la Audiencia Provincial de Madrid. Él mismo la sobreseyó el pasado mes de mayo al considerar que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en que se apoyaba la investigación carecía de "sustento básico".


En dicho informe, la UCO atribuía a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos, al aprovecharse, presuntamente, del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".


Igualmente expuso que el expresidente de Bankia se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación --creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013-- y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.


DILIGENCIAS EN SUSPENSO


El pasado mes de octubre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó al juez continuar con las diligencias de esta parte de la instrucción ante la existencia de indicios suficientes de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida".


En su auto del 5 de octubre la Audiencia estableció, no obstante, que se mantuviera el sobreseimiento provisional por el delito de cohecho. En relación a este tipo delictivo, el juez Serrano-Arnal apuntó que, de haberse producido, estaría prescrito desde 2014, diez años después de su salida del Ejecutivo, por lo que no cabe investigación relativa a estos hechos.


El expresidente de Bankia, por su parte, remitió un escrito al magistrado instructor en el que arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por acoger las "disparatadas" conclusiones de la Guardia Civil sin hacer "la más mínima labor de contraste" y ahora se ha dirigido a una instancia superior para pedir el archivo de esta parte de la investigación y la suspensión de su declaración.

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