​Inspectores de Trabajo piden cambiar la ley para dignificar el trabajo de las 'kellys'

El portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Fermín Yébenes, ha pedido hoy en el Senado "soluciones lesgislativas" a la reforma del Estatuto de los Trabajadores que prioriza los convenios de empresa, frente a los convenios colectivos del sector.

En concreto, el inspector portavoz se ha referido al artículo 83.2 que permite "el descuelgue salarial" mediante acuerdos interprofesionales, así como el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que da prioridad a los convenios de empresa frente a los convenios del sector, lo que a su juicio, ha perjudicado a las camareras de piso y a otros sectores.

"No somos la solución, intentamos garantizar la seguridad de los trabajadores, pero jamás había visto tanta indignidad como con las camareras de piso, a excepción de los accidentes formales", ha declarado Yébenes durante su intervención en la Comisión de Empleo de la Cámara Alta. Además, ha advertido de que esta problemática se extiende a otros sectores como los vigilantes de seguridad o del sector de logística.

Si bien, ha valorado positivamente la actuación del presidente del Gobierno, que recibió a las 'kellys' recientemente, Yébenes cree que se debe dar prioridad aplicativa a los convenios del sector y ha recordado que las camareras de piso ejercen el "único oficio del hotel del que no se puede prescindir".

SITUACIÓN PRECARIA DESDE 2012

Respecto a sus actuaciones inspectoras, el inspector ha relatado cómo hay 'kellys' que cobran 1,90 euros por hora, de acuerdo a su convenio de empresa, frente a 9,80 euros por hora que tiene el convenio del sector de hostelería en Sevilla. Estos problemas "salariales y de medición de la jornada" vienen dándose desde 2012, ha asegurado.

Asimismo, la UPIT ha desvelado algunas problemáticas de ciertas empresas multiservicios que usan contratos de "formación" fraudulentos, así como convenios de empresa sin suficiente representación y el abuso del salario mínimo interprofesional, que a pesar de ser "el suelo de contratación por debajo del cual es indigno trabajar", supone el salario establecido para dos millones de trabajadores.

Yébenes ha insistido en que la legislación actual está propiciando la competencia desleal, ya que se compiten empresas legales con aquellas que cometen irregularidades con contratos "en fraude de ley". Por ello, ha abogado por incrementar la cuantía de las sanciones para que sean "realmente disuasorias" tal y como se hizo con las faltas de alta.

Por último, en cuanto al Plan Estratégico, publicado este jueves, el portavoz de la UPIT, que ha lamentado que no se solicitara el consejo de inspectores de Empleo, lo ha considerado "insuficiente" ya que debería estar "más centrado en las modificaciones legislativas".

LAS 'KELLYS' QUIEREN HECHOS

Las camareras de piso han pedido hoy en el Senado que se paren por ley las externalizaciones del servicio que prestan en los hoteles y han exigido "hechos" más allá de la voluntad política.

"La ley kelly debe aprobarse, no es complejo parar las externalizaciones, es rápido", ha explicado la presidenta de la Asociación 'Las Kellys', Eulalia Corralero, en su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social que ha abordado durante toda la jornada la situación del colectivo de las camareras de piso, que se ocupan de la limpieza de las habitaciones.

La representante ha pedido a los políticos que "se pongan a trabajar porque la salud de las mujeres no puede esperar". Por ello, ha reclamado "buena voluntad política" para apoyar la 'ley kelly'.

"No aspiramos a revocar la reforma laboral, no aspiramos a tanto", ha reiterado Corralero, que ha explicado que su colectivo no tiene "ni colores ni siglas" y que se han "sentido abandonados" por los políticos.

En esta línea, la presidenta de la Asociación Las Kellys, de Lanzarote (Las Palmas), Myriam Barros, ha sostenido que no les basta con los "compromisos políticos" y ha exigido "hechos" y "soluciones reales" por parte de todos los partidos.

Barros ha insistido en que se trata de "una salida muy digna para la juventud, pero hay que tratarla bien". Por ello, ha reiterado que sus exigencias son "derechos fundamentales", como la sindicación.