Citan a Cristina Cifuentes como investigada por falsificación y cochecho

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sido citada a declarar en calidad de investigada por la presunta falsificación de documento público por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. 

La jueza de instrucción del juzgado número 51 de Plaza Castilla, María del Carmen Rodríguez-Medel, la ha citado para el próximo 26 de junio por los delitos de falsificación de documento público y cohecho.

El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, a la que se sumó otra denuncia sobre el acta relativa a la defensa de este trabajo.

La imputación de Cifuentes se produce después de que ayer la jueza escuchará como investigadas a Amalia Calonge, la funcionaria que habría modificado la notas, y Cecilia Rosado, una de las profesoras que integraban supuestamente el tribunal que examinó a la expolítica de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

También conoció la versión de la docente Alicia López de los Mozos, la profesora que negó haber presidido dicho tribunal y que, tras su testifical, se modificó su situación procesal de testigo a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster.

DOCUMENTOS

Desde que comenzó la polémica, Cifuentes ha defendido su título respaldándose en diferentes documentos aunque el principal, y del cual presumió incluso en un vídeo subido a las redes sociales para asegurar que no se iba a marchar, ha sido el acta del tribunal ante el que supuestamente habría defendido su TFM.

Sin embargo, días después de que su equipo difundiera dicha acta a los medios de comunicación, 'El Confidencial' publicó que este documento, que habría facilitado la universidad a la propia Cifuentes el día que saltó la primera noticia, tenía al menos dos firmas de profesoras falsificadas.

Durante su comparecencia en el pleno específico que se celebró en la Asamblea con motivo del máster, Cifuentes también aportó una carta del profesor Pablo Chico al rector de la universidad, Javier Ramos, admitiendo "el error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas".

En la misiva, el profesor señalaba que en junio de 2012 tuvo constancia de que Cifuentes "se personó al examen" de la asignatura 'Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales' porque corrigió él personalmente la prueba.

"No obstante, con tan mala fortuna que al transcribir las calificaciones a la aplicación informática se cometieron varios errores humanos en las actas de los estudiantes de esa convocatoria, debido a que el sistema informático llegado cierto tiempo no guarda las calificaciones introducidas quedando en su estado originario", añadía.

Cifuentes también aportó otro documento con su matrícula en dicho máster, realizada ante la Unidad de Postgrado de la Universidad, en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos; el pago de dicha matrícula (1.586,39 euros) y su certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster, con el número de créditos conseguido (60) y las correspondientes calificaciones, así como también la nota media ponderada (un 7,43).

"Hay constancia documental, en ese mismo documento, de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5 y de que he autorizado formalmente a la Universidad a hacer público dicho trabajo, pese a su carácter interno", llegó a subrayar la propia Cifuentes ese día en el pleno, con los documentos compulsados.

La exdirigente también mostró como prueba un documento con el pago por la expedición del título académico oficial, por importe de 176,27 euros, emitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre del mismo año.

Por último, también habría constancia documental de que la calificación de No presentado que en algún momento apareció en el sistema informático "obedeció a un error de transcripción, detectado al ir a abonar las tasas de expedición del título". Se trata de un correo electrónico del 23 de octubre de 2014 por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Pablo Chico a la funcionaria de la Universidad que lo corrigió materialmente.

SIN FUERO ANTE LA JUSTICIA

Cifuentes deberá ir a la citación judicial acompañada por un abogado y no tiene la obligación de decir la verdad, ya que los acusados pueden alegar todo lo que quieran en el ejercicio de su derecho a la defensa.

El privilegio del que gozaba de poder ser enjuiciada por el Tribunal Supremo lo perdió cuando renunció a su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, así como el fuero que perdió al entregar su acta como diputada de la Asamblea de Madrid.

La eliminación del aforamiento era uno de los compromisos de Cifuentes en su programa electoral. El 23 de mayo de 2016 su Gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Estatuto, incluía esta medida y la reducción del número de diputados. El proyecto está en trámite parlamentario.

HASTA 6 AÑOS DE CÁRCEL

Los delitos de cohecho y falsedad documental acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante un periodo de seis años.

El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

Este delito viene regulado en el Capítulo V del nuevo Código Penal entre los artículos 419 y 427 bajo el título de 'Delitos contra la Administración Pública'.

Fuentes jurídicas han especificado a Europa Press que en el caso de Cifuentes el cohecho que se le atribuye es el relativo al artículo 422, el mismo que se dio en el caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps. Se trata del cohecho pasivo impropio.

En su caso, el expresidente valenciano fue absuelto. Esta infracción conlleva una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Este delito se basa en el hecho en que una autoridad o funcionario público admite dádiva o presente por el hecho de la función pública que representa. En su caso, el "regalo" fue recibir el título del máster de la universidad, según las mismas fuentes.

En concreto, el artículo establece que "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años".

El delito de falsedad documental viene recogido en el Capítulo II del Código Penal. El artículo 390 contempla que "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad".

Especifica que está falsedad se refiere a alterar "un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial" o simular

"un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad", entre otros aspectos.