martes, 14 de agosto de 2018 10:22
Economía

Bruselas pide castigar a España por no aprobar las normas sobre cuentas de pago

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Parlamento europeo


La Comisión Europea ha propuesto este jueves 17 de mayo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponer una multa a España de 48.919 euros diarios a partir del día en que confirme en una sentencia que el país no ha trasladado completamente a la legislación nacional la normativa europea sobre cuentas de pago y hasta que lo haga correctamente.


El Ejecutivo comunitario denunció en octubre del año pasado al Estado español ante el Tribunal de Luxemburgo por este motivo. Bruselas ha informado en un comunicado de que, hasta la fecha, las autoridades españolas no han notificado formalmente la trasposición completa de las normas europeas sobre cuentas de pago.


Éstas conceden a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia, y aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas.


Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente.


Por ello, Bruselas ha pedido al TJUE que imponga una multa "coercitiva" diaria de 49.919,20 euros a España desde el día en que el tribunal con Luxemburgo dicte sentencia y hasta que la directiva "haya quedado traspuesta completamente y esté en vigor en el Derecho nacional".


Si la trasposición sigue sin ser completa y el TJUE confirma la opinión del Ejecutivo comunitario, España estaría obligada a pagar la multa desde la fecha de la sentencia o desde una fecha posterior establecida por la Justicia Europea. El tribunal de Luxemburgo también puede modificar el importe de la misma, aunque no puede ser mayor que el propuesto por la Comisión Europea.


El caso se remonta a noviembre de 2016, cuando los servicios comunitarios abrieron un expediente a España por no haber aprobado los cambios necesarios en la legislación nacional. La respuesta que el Gobierno remitió no fue satisfactoria y Bruselas advirtió de nuevo a las autoridades españolas en abril del año pasado. Seis meses después, elevó el caso al Tribunal de Justicia.

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