viernes, 19 de abril de 2024 05:18
Sociedad

​En España hay 1,5 millones de personas que viven una soledad no deseada

No tienen contacto con nadie durante semanas o meses. El Defensor del Pueblo reclama medidas integrales porque detrás de la soledad no deseada "existe un coste humano, social y económico".

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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado en el Pleno del Senado la adopción por parte de los poderes públicos de medidas integrales, como el Ministerio de la Soledad británico, para hacer frente a este problema que afecta a cientos de miles de personas en España.


"Yo no quiero vivir en un país que olvida a los mayores solos", ha firmado en el Pleno del Senado, donde ha acudido este martes 19 de junio, para dar cuenta de la gestión de la Institución durante 2017. Con estas palabras, Fernández Marugán ha parafraseado a la política laborista asesinada en 2016 Joe Cox, promotora en Gran Bretaña del departamento de la Soledad.


Según ha recordado, los datos de Cruz Roja, Cáritas Española o el Teléfono de la Esperanza, en España hay 1,5 millones de personas que viven una soledad no deseada, que no tienen contacto con nadie durante semanas o meses.


"Esta sociedad a algunas personas les ha dicho 'Ahí te apañes'", ha lamentado el Defensor del Pueblo, que ha reclamado "abrir el debate" sobre esta cuestión en España porque, según ha advertido, detrás de la soledad no deseada "existe un coste humano, social y económico".


Para Fernández-Marugán, los cambios en el modelo de hogar y las condiciones socieconómicas de los hogares españoles enfrenta a la sociedad española a "problemas de protección social" de las personas mayores, que, a su entender, hay que revisar.


"Es una opinión personal, pero si quería decirles, que un modelo en el que las personas mayores puedan estar el mayor tiempo posible en su entono es una realidad que no debería olvidarse", ha aseverado.


El Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación también por el funcionamiento de la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de Dependencia, sobre la que pesa una lista de espera de más de 300.000 personas. Según ha explicado este colectivo tiene reconocido el derecho a una prestación, pero no la recibe.


Asimismo, ha lamentado las deficiencias de calidad de la asistencia en residencias, como consecuencia de cientos de quejas tanto de los usuarios, como de sus familiares y el personal de estos servicios. En este sentido, ha reclamado más medios materiales y humanos para dar un trato "respetuoso" con los derechos fundamentales y la "dignidad" de las personas dependientes, que en su mayoría son mayores.


En cuanto al 'copago farmacéutico', ha insistido en la "necesaria modificación" del modelo, que, a su juicio, "perjudica a muchos pensionistas y a las personas vinculadas a ellos". "Sostenemos que es necesaria la modificación (de este sistema), no la supresión", ha aclarado, para añadir sería conveniente que la Ley del medicamento estableciera exenciones y limitaciones destacadas que favorezcan a las personas en riego de pobreza o a pacientes con enfermedades crónicas.

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