Amnistía Internacional critica duramente al Gobierno por usar la devolución en caliente
Tras la devolución de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta, las entidades que trabajan en el ámbito de la inmigración recuerdan la importancia de respetar los derechos humanos.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional y Andalucía Acoge han coincidido en calificar de "enfoque desacertado" la expulsión de migrantes a Marruecos realizada este jueves 23 de agosto por parte del Ejecutivo español y han alertado de que esta acción puede vulnerar los Derechos Humanos.
A juicio de la directora general de CEAR, Estrella Galán, "este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos", ha lamentado.
La expulsión se ha realizado en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países en el año 1992 para la readmisión de extranjeros que entran de manera irregular a territorio español a través de sus fronteras. Sin embargo, CEAR considera que este cambio de políticas pone en marcha "procedimientos acelerados en poco más de 24 horas" que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional.
"Hemos instado en numerosas ocasiones al Gobierno español a detener inmediatamente la práctica de expulsar de manera exprés a Marruecos a personas de terceros países y suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo", declara Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
"Esa suspensión también debe incluir el acuerdo de readmisión existente entre ambos países, hasta que el mismo incluya salvaguardas de derechos humanos", añade en un comunicado.
"ES UNA SORPRESA"
Por su parte, la asociación Andalucía Acoge ha manifestado su sorpresa por esta decisión por parte del Gobierno español. "Es una sorpresa porque es la primera vez que se aplica ese acuerdo firmado en el año 1992 y lo que tenemos son dudas importantes en cuanto a la calidad de la asistencia letrada que tenían que recibir esas personas", ha comentado el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales.
Asimismo, asegura "no saber demasiado" sobre la calidad de la asistencia letrada porque el Gobierno español "no ha informado a las entidades que trabajan en la ciudad de Ceuta".
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