viernes, 29 de marzo de 2024 12:29
Politica

La regulación de las lenguas cooficiales en la enseñanza vuelve a las Autonomías

Educación prevé llevar a cabo "una regulación de las competencias entre el Estado y las CC.AA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación".

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Alumnos clase escuela colegio 30052018


La reforma educativa que prepara el Gobierno prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial. Esta supresión, afectará, entre otros aspectos a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.


Así consta en un documento remitido por el Ministerio de Educación a las principales organizaciones educativas. El Gobierno ha sometido a consulta pública otro documento sobre los principios generales de la reforma, pero más escueto que el remitido a las organizaciones educativas.


El nuevo texto lleva por título 'Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación', y va acompañado de una carta del secretario de Estado Alejandro Tiana, en la que asegura que el Ministerio quiere que la nueva norma cuente con el "mayor consenso posible".


Eliminar la regulación estatal de la lengua cooficial es una medida enmarcada en el objetivo de llevar a cabo "una regulación de las competencias entre el Estado y las CC.AA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y la lealtad institucional".


Por ello, también plantea llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema establecido por la LOMCE para garantizar la escolarización en Castellano en Catalunya y que obligaba a la Generalitat catalana a sufragar un colegio privado a aquellos padres que solicitasen la escolarización en castellano cuando no pudieran obtenerla en el sistema público.


Educación también plantea retomar la distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA para la determinación del currículo de las materias, asignado el 55/65% al Estado.

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