Ana Botella y su equipo municipal, condenados por vender vivienda pública a 'fondos buitre'

Los condenados recurrirán la sentencia y aseguran que la entonces Junta de Gobierno no intervino en la decisión.

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de pisos públicos a 'fondos buitre' por debajo de su precio de mercado en el año 2013, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado fuentes municipales.

El Tribunal cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y declara responsables contables directos a su entonces máximo responsable, Fermín Oslé, a la entonces alcaldesa Ana Botella y a todos los concejales del equipo de gobierno Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los dañoos.

RECURRIRÁN

Por su parte, fuentes de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento han avanzado que recurrirán una sentencia que no comparten.

Según dicen, esta Junta no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas, sino que únicamente, en su condición de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado.

"La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", han señalado fuentes 'populares' después de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas, que, como han indicado, "no comparten", al tiempo que han recordado que la Fiscalía de este tribunal ya solicitó la desestimación de esta demanda "al no apreciar responsabilidad contable".

Del mismo modo, han señalado que la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas" a la que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas. "Únicamente, y en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado", han destacado. 

En este sentido, han recordado que la empresa, con cerca de 700 empleados, atravesaba una "difícil" situación debido a la crisis económica, acumulando una deuda de más de 600 millones de euros, y "si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que supondría el despido de sus trabajadores".