El PP reclama en el Congreso una ley básica para blindar el castellano y eliminar toda "imposición" lingüística

Acusa a Sánchez de "hipotecar" derechos cambio de "rédito electoral" y de mantenerse en Moncloa "a cualquier precio"

El PP quiere que el Gobierno promueva una legislación básica que garantice el ejercicio del derecho constitucional del uso del castellano en toda España y que adopte todas las medidas que sean necesarias para "para eliminar toda imposición de una lengua como fuente de discriminación".

Con el objetivo de que el Congreso emplace al Ejecutivo de Pedro Sánchez a blindar el castellano, el grupo parlamentario que capitanea Dolors Montserrat ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Cámara.

Precisamente este martes se ha conocido que el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá se ha dado de baja en el PP y ha dimitido como senador alegando el apoyo de la dirección del partido en el archipiélago a la política lingüística del gobierno de la socialista Francina Armengol.

"El castellano es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y goza del deber constitucional de ser conocido, sin olvidar que son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos y no los territorios", subraya el PP en su texto, en el que también reproduce el artículo 3 de la Constitución que establece que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo.

El primer punto de la iniciativa insta al Gobierno a promover esa legislación básica y, en los demás, el PP desgrana aquellos ámbitos en los que, desde su punto de vista, es imprescindible garantizar la no discriminación del castellano.

REFORMA EDUCATIVA GARANTISTA
Así, quiere que el Congreso llame al Ejecutivo a "garantizar la libertad real y la igualdad de condiciones en la utilización del castellano en las comunidades con lengua cooficial de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía".

El primer partido de la oposición también demanda que se asegure el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las lenguas cooficiales ante cualquier administración en las comunidades con lengua cooficial, "con plena eficacia jurídica".

El PP dedica un punto concreto de su iniciativa a solicitar una reforma educativa que garantice "el derecho a la enseñanza del castellano y en castellano en toda España, en el marco de un bilingüismo o plurilingüismo integrador".

Para los de Pablo Casado, el Estado debe ejercer las competencias que la Constitución le atribuye en lugar de delegar en las comunidades el uso vehicular de las lenguas en el ámbito educativo. Según denuncian, eso es justamente lo que hace el Gobierno socialista con la reforma educativa que ha impulsado que, a su juicio, permite "asignar un uso marginal a la lengua castellana por aquellas administraciones que así lo dispongan".

Además, los 'populares' quieren que la Cámara exija al Gobierno que adopte "cuantas medidas sean necesarias para eliminar toda imposición de una lengua como fuente de discriminación en el ejercicio de los derechos los ciudadanos con independencia del lugar en que residen".

NO A LA SEGREGACIÓN
Y es que, a su juicio, el Estado "no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos lingüísticos" de los ciudadanos y y es "inadmisible" que éstos, por ejemplo, sean "obligados a acudir a los tribunales de Justicia frente a Administraciones que hacen un uso partidario de las lenguas para abanderar postulados ideológicos de segregación, exclusión y enfrentamiento".

Ante este panorama, el PP apuesta por "llevar a cabo nuevas políticas que rompan los cinturones rojos de imposición de las lenguas, que promuevan la libertad, la igualdad y la convivencia y que no den tregua a quienes hipotecan los derechos a cambio de rédito electoral y de mantenerse en el Gobierno a cualquier precio".