​Bruselas investiga ayudas ilegales para la renovación de la flota de Air Nostrum

La Comisión Europea ha anunciado este martes 29 de octubre la apertura de una investigación en profundidad para determinar si el plan de 9 millones de euros previsto por la Comunidad Valenciana para ayudar a la aerolínea Air Nostrum a renovar su flota cumple con las reglas de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario tiene dudas tanto sobre el plan del Gobierno valenciano de 2018 por el que se concedió hasta un máximo de 3 millones de euros a la aerolínea regional, como con otra subvención prevista para el periodo 2019-2020 y con una dotación máxima de 6 millones.

En ambos casos, España sostiene que están en línea con el reglamento general de exención por categorías (RGEC) por tratarse de medidas enfocadas a la compra de aeronaves más respetuosas con el medio ambiente.

Sin embargo, los servicios de la Comisión dudan de que la ayuda tuviera "un efecto incentivador" en la compra de diez aeronaves de consumo más eficiente del modelo Bombardier CRJ-1000 que Air Nostrum realizó hace dos años.

Por ello, investigará si la transacción fue "consecuencia directa" de los apoyos examinados, y por tanto en regla con la UE, o si se hubiera realizado en cualquier caso.

También examinará el tipo de arrendamiento financiero utilizado por Air Nostrum, porque no ve claro que cumpla con las condiciones que establece el reglamento de exenciones.

El Ejecutivo comunitario ve con buenos ojos y "respalda" las inversiones en planes para renovar la flota de aeronaves por modelos más respetuosos con el medio ambiente, pero entiende que este tipo de iniciativas no siempre dependen de ayudas, sino también de otros factores como la reducción de costes de explotación por un consumo más sostenible o una estrategia de modernización.

Por eso, Bruselas cree que apoyar con subsidios una inversión que se hubiera producido de todas maneras solo serviría para reducir los gastos de explotación de la marca, mientras otros competidores locales tendrían que soportarlos sin ayuda, por lo que se provocarían distorsiones de la competencia a costa de los contribuyentes.

Con todo, la Comisión Europea ha aclarado en un comunicado que la apertura de la investigación "no prejuzga en modo alguno su resultado" y que da la oportunidad a las partes de presentar sus alegaciones