España se somete mañana, por tercera vez, al Examen Periódico Universal del Derechos Humanos de la ONU

España se someterá mañana en Ginebra, por tercera vez en la historia, al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mecanismo en virtud del cual todos los Estados miembros de Naciones Unidas se someten a una revisión por parte de los demás Estados de sus compromisos, logros y retos pendientes en materia de derechos humanos.

Los países pasan por este mecanismo cada cinco años (España lo hizo por primera vez en 2010 y posteriormente en 2015), de manera que cada año pasan por el procedimiento 42 países, repartidos en tres sesiones a lo largo del año.

En esta ocasión, la delegación española estará presidida por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, que será el encargado de presentar las acciones emprendidas por España desde el anterior examen para mejorar la situación de derechos humanos. En diciembre de 2018 el Gobierno presentó un informe intermedio. España está comprometida con este mecanismo y más aún como miembro del Consejo de Derechos Humanos en el trienio 2018-2020.

La delegación española pondrá en valor los avances legislativos contra la discriminación de la mujer y de las minorías étnicas, aunque reconocerá que, desde 2015, los diversos periodos de Gobierno en funciones han dificultado la aprobación de algunos proyectos. Es el caso del II Plan Nacional de Derechos Humanos, que está en preparación, según se explica en el informe nacional que Exteriores ha enviado a la ONU.

La protección y los derechos de los menores, los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la educación, el funcionamiento de la justicia, la democracia y el Estado de Derecho, los derechos al trabajo, a la vivienda y a la salud, así como el compromiso con la Agenda 2030 -ahora en manos de la Vicepresidencia del Gobierno de la que es titular Pablo Iglesias-- son algunos de los asuntos que abordará la delegación española.

Recordará además que España colabora con todos los mecanismos de supervisión de los derechos humanos del Consejo, puesto que tiene abierta una invitación permanente a todos ellos y que presta apoyo político y financiero a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: 4 millones de euros entre 2015 y 2018 y una contribución voluntaria de un millón de euros en 2019.

PREGUNTAS DE OTROS PAÍSES
No obstante, el procedimiento también permite a otros Estados preguntar al país en cuestión sobre los avances realizados en materia de derechos humanos, y éstas pueden ser de lo más variadas. De hecho, en la web de la oficina de la Alta Comisionada constan ya algunas de las preguntas enviadas por adelantado, alrededor de una veintena.

Entre ellas hay cuestiones diversas, como el interés de Alemania en conocer los planes legislativos y de alojamiento para los demandantes de asilo; el de Bélgica sobre las recomendaciones del relatos especial contra la Tortura y una pregunta de la República Islámica de Irán -uno de los países más señalados por su falta de respeto a los derechos humanos--, que quiere saber si las autoridades españolas "consideran tomar nuevas medidas para mejorar la situación de la libertad de expresión y asociación principalmente en el contexto del referéndum de octubre de 2017".