sábado, 27 de abril de 2024 08:31
Internacional

Alberto II de Bélgica reconoce una hija de una relación extramatrimonial

Alberto II, el rey saliente de Bélgica, reconoce la paternidad de Delphine Boël. El juicio se ha prolongado en los tribunales belgas desde 2013, pero desde 1999 circulan rumores de una hija ilegítima.

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Alberto II de Bu00e9lgica y Delphine Bou00ebl


El ex rey de Bélgica asume ser el padre de una mujer de 51 años que nació de una relación extramatrimonial después de un juicio que se ha prolongado en la justicia belga durante siete años.


Una orden de un tribunal belga llevó a Alberto II a someterse a una prueba de ADN en 2019. Los resultados ya se conocen y han demostrado los rumores que han estado circulando en Bélgica durante décadas.


Los abogados del rey saliente avanzaron en un comunicado emitido este lunes - citado por la 'BBC' y 'Sky News' - que el monarca "se enteró de los resultados" que "indican que es el padre biológico de Delphine Boël" y que "aceptó" que la artista "se convirtiera en su cuarta hija", poniendo fin a un "doloroso proceso" que duraba desde 2013. 


La artista de 51 años tiene ahora derecho a una parte de su herencia.


Boël demandó a Alberto II, ahora de 85 años, después de que el monarca abdicara del trono en julio de ese año, a favor de su hijo Felipe, debido a problemas de salud. El abogado describió la vida de la mujer de 51 años de edad como "una larga pesadilla" debido a esta "búsqueda de su identidad" y consideró un "alivio" que el rey saliente admitiera que Boel es su hija.


Fue en una entrevista en 2005 que la artista afirmó públicamente que era hija de Alberto II, pero los rumores de una hija ilegítima venían circulando desde 1999, cuando se publicó una biografía sobre la reina Paola, que se casó con el monarca en 1959 y con quien tuvo dos hijos y una hija. La madre de Boël, la baronesa Sybille de Selys Longchamps, dijo que tuvo una relación extramatrimonial con Alberto II entre 1966 y 1984, incluso antes de ascender al trono, lo que sólo ocurrió después de la muerte de su hermano mayor en 1993.


El caso ha estado en los tribunales desde 2013, y el año pasado el rey saliente apeló una decisión de 2018 que le obligaba a someterse a una prueba de ADN. El monarca perdió su apelación y se le advirtió que si se negaba a someterse a la prueba, tendría que pagar una multa de cinco mil euros.

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