viernes, 29 de marzo de 2024 12:13
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La Audiencia Nacional investiga una década de gestión de Ángel María Villar al frente de la Federación

Santiago Pedraz quiere determinar si hubo irregularidades en los pagos a árbitros de Primera y Segunda división entre 2009 y 2007 con los fondos millonarios recibidos de LaLiga.

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La investigación de la Audiencia Nacional sobre la gestión de Ángel María Villar al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) pone ahora la lupa sobre los pagos hechos a los árbitros de Primera y Segunda división entre los años 2009 y 2017.


El juez instructor del caso Soule, en una providencia de 7 de febrero, requiere a la RFEF que aporte diferentes documentos para que los dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –que depende del Ministerio de Hacienda- puedan realizar el informe que meses atrás reclamó la Fiscalía.


El juez Santiago Pedraz quiere determinar si la RFEF destinó los fondos recibidos de LaLiga a los fines previstos durante casi una década en la época de Villar como presidente. 


El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional dirigió la investigación después de que se hubieran detectado divergencias entre el destino alegado por la Federación y la información que ofreció la patronal del fútbol.


Entre la abundante documentación hay documentos relacionados con el abono de derechos de arbitraje y dietas de desplazamiento para los árbitros entre 2008 y 2018. LaLiga abonó más de 15,34 millones de euros a la RFEF por los servicios arbitrales sólo en la pasada temporada.


El magistrado quiere que los peritos de la IGAE dispongan de todos los importes realizados por la patronal a la Federación y las hechas por esta entidad al Comité Técnico de Árbitros durante el periodo de investigación. Deben detallar cuantía, el ejercicio, la fecha de pago, la cuenta o subcuenta en que se registró el gasto y el número de asiento contable, como señala ‘El Independiente’.


TODAS LAS CANTIDADES AL DETALLE


La RFEF tendrá que aportar también extractos bancarios, talones o cualquier documento justificativo de estos pagos. En el caso de que “no sea posible identificar inequívocamente” los abonos para que se puedan descomponer las cantidades añadidas de los extractos bancarios, deberán desglosarse.


El magistrado también reclama facturas y documentación sobre los pagos realizados y que explique si los fondos abonados por la Federación al Comité de Árbitros se pudieron realizar a través de compensaciones contables de saldos a favor de la RFEF frente a los clubes o del pago directo a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o por deudas eventuales que los clubes pudieran tener con estos organismos y no mediante una salida efectiva del dinero.


La solicitud también incluye una “relación nominal de árbitros y asistentes de Primera y Segunda, de cuarto árbitro de Primera división y delegados de las temporadas 2008 a 2018”, los documentos oficiales de la RFEF sobre los derechos de arbitraje y las dietas de desplazamiento para estos de las dos principales categorías, el modo de justificación y los importes.


El análisis de toda esta gran cantidad de documentación requerida se plasmará en el informe pericial que determinará si Ángel María Villar y su vicepresidente económico -Juan Padrón- cometieron o no irregularidades en la gestión de la RFEF.


Los dos fueron detenidos en el verano de 2017 en el marco de la Operación Soule y forman parte de las personas investigadas en este procedimiento.


El juez reclama a la Federación que entregue los presupuestos y su liquidación de los ejercicios de 2009 a 2017 “con el mayor grado de detalle disponible”, así como las cuentas anuales, los informes de auditoría y los libros de actas de las reuniones de la asamblea general, la comisión delegada, la junta directiva y la comisión de presidentes autonómicas del citado periodo, entre otros documentos, detalla ‘La Información’.

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