El Congreso inicia la tramitación de la 'Tasa Google', con el rechazo de PP, Vox y Cs

El Pleno del Congreso ha tumbado este jueves las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Ciudadanos habían presentado al proyecto de ley sobre el Impuesto sobre determinados servicios digitales, la conocida como 'Tasa Google', que arranca así su tramitación en la Cámara Baja.

Para rechazar las enmiendas que pedían la devolución del texto al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts, PNV, EH-Bildu, Más País, las CUP, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG. Por su parte, UPN, socio electoral de PP y Ciudadanos en Navarra, han sumado sus votos a los que pedían frenar el nuevo impuesto.

3% A LA PUBLICIDAD E INTERMEDIACIÓN Y A LA VENTA DE DATOS
La 'Tasa Google' gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

La previsión inicial cuando el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley el pasado 18 de febrero, antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, y su consecuente crisis económica, era recaudar 968 millones de euros.

ESPERAR A DICIEMBRE PARA DAR MARGEN A UN ACUERDO INTERNACIONAL
Su liquidación se prevé trimestral, pero de manera excepcional no se realizará en el primer año hasta, al menos el 20 de diciembre de 2020, lo que permite dar margen para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20 y un mayor tiempo de adaptación a las empresas, que tendrán que hacer frente a un único pago este año a final del ejercicio.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros y las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.