Este martes se aprueba la moratoria de hipotecas y alquileres

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables como la moratoria de hipotecas y alquileres y garantías de protección por impago de suministros básicos. 

Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado 'escudo social' puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable y que finalizan un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma.

Entre otras medidas, el Consejo de Ministros tiene previsto extender hasta el 30 de septiembre la moratoria de hipotecas y alquileres y las medidas de protección por impago de suministros básico, han indicado fuentes del Ejecutivo.

En concreto, se acordará una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de modo que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de seis meses con las mismas condiciones.

Además y también hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinaria en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas.

Igualmente, está previsto que se apruebe una ampliación del plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria, de forma que se pueda solicitar hasta el 29 de septiembre y su funcionamiento sea secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (tres meses de moratoria legal, a los que se añaden nueve meses de moratoria del sector bancario).

También se aprobará la ampliación hasta el 30 de septiembre, a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas, el periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua.

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.